Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno de México aceptó su responsabilidad “parcial” en la ejecución extrajudicial por parte del Ejército de Bonfilio Rubio Villegas, ocurrida en la Montaña de Guerrero en el 2009.
El viernes 13 se celebró la primera audiencia en la ciudad de Guatemala para recibir la declaración de Verónica González González, cuñada de la víctima. El testimonio fue ofrecido por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, la parte peticionaria.
Alejandro Encinas Rodríguez, en representación del Estado mexicano, hizo un reconocimiento parcial de responsabilidad y reiteró la disposición de llegar a una solución amistosa.
La representación legal de la víctima y familiares pidieron el reconocimiento total de la responsabilidad del Estado, así como las reparaciones individuales y comunitarias por las afectaciones económicas, de salud y psicológicas.
“Sólo quiero justicia, y que los responsables sean condenados por la muerte de Bonfilio. Y que el gobierno reconozca públicamente que fue el Estado que ejecutó a Bonfilio, para que no vuelva a suceder con otros paisanos. Para ellos los indígenas no existimos y no hay justicia para nosotros”, denunció Verónica.
Verónica González, profesora originaria del municipio de Xalpatlahuac, es la familiar más cercana a la víctima. Los papás de Bonfilio y su hermano, esposo de Verónica, murieron años después de la ejecución.
El interrogatorio lo hizo el abogado Isidoro Vicario Aguilar, integrante del equipo que representa el caso.
Verónica narró que la mañana del 20 de julio de 2009, Bonfilio, de 30 años, revisó en su comunidad de Tlatzala, municipio de Tlapa, los detalles que le hacían falta a la casa que les compró a sus padres y se despidió de ellos para irse a trabajar a los Estados Unidos.
Esa noche tomó un autobús hacía la Ciudad de México. Una hora después llegaron a un retén militar en el crucero de Santa Cruz, antes de llegar a la cabecera de Huamuxtitlán.
La profesora contó que bajaron a todos los pasajeros para hacer una revisión de rutina y que al momento de subir los militares se dieron cuenta que un pasajero, Bonfilio, llevaba botas de tipo militar, por lo que le pidieron al chofer que lo dejara.
El conductor respondió que ahí no podría dejar a sus pasajeros, se molestó y arrancó.
A los 100 metros empezaron los disparos en contra del autobús que llevaba niños y adultos mayores, continuó el relato Verónica,
“Cuando llegó el autobús en la parada de Huamuxtitlán le gritaron los pasajeros que había un difunto. El chofer se dio cuenta y dio parte al Ministerio Público (MP)”.
Dijo que ni los militares, ni los jueces, se tomaron la molestia de avisar a la familia de Bonfilio lo que había sucedido.
La familia se enteró hasta el 22 de junio. Se dirigieron a Huamuxtitlán. En la parada de los microbuses que van hacía esa población les dijeron que militares balacearon un camión que iba hacía la Ciudad de México y que mataron a un joven.
También les mostraron un periódico donde estaba la fotografía de Bonfilio muerto.
“Ahí nos dimos cuenta que la bala penetró aquí (en el lado derecho del cuello) y salió del otro lado”, expresó Verónica.
En el MP de Huamuxtitlán les negaron la información por dos horas, hasta que llegó una representación de Tlachinollan. Les dijeron que el Servicio Médico Forense (Semefo) se había llevado el cuerpo hasta Chilpancingo.
La distancia entre ambas poblaciones es de más de cinco horas, por eso llegaron hasta el día siguiente donde identificaron el cuerpo.
“Nos dijeron que si no llegábamos el día 23 se iba a ir a la fosa común, cuando llegaron los servicios funerales para preparar el cuerpo para trasladarlo a su comunidad, nos dijeron que ya no se podía vestir porque el cuerpo se estaba deshaciendo.
“Nos los entregaron en una bolsa, nos dieron las indicaciones que ya se podía abrir. Ya no se pudo hacer como se acostumbra: vestirlos de angelitos, ponerles su corona, porque ya iba una bolsa sellada”.
Después vino el hostigamiento. Integrantes del Ejército empezaron a llamar a los familiares para que aceptaran dinero para el velorio, pero se negaron a recibirlo.
“A la tercera (llamada) les dije que los dejaran en paz. Si somos humildes y pobres, pero no merecemos que nos traten así, que respeten nuestros derechos, porque si fue doloroso traer el cuerpo en una bolsa. Les conteste fuerte que no quería saber nada del militar”, agregó a su testimonio Verónica.
Los militares insistieron después en buscar a la familia, pero para intimidarla y obligar a que aceptaran 160 mil pesos.
“Sobornaron al comisario municipal de Tlatzala para que por parte del comisario doblegaran a mi suegro y aceptar el cheque de 160 mil pesos, no aceptaron porque la vida de Bonfilio no vale 160 mil. Él era joven, tenía una vida por delante”.
El 21 de febrero de 2021 falleció su hermano, José Rubio Villegas, esposo de Verónica; tres años después su papá Secundino Rubio, y apenas el 14 febrero de 2026, su mamá Margarita del Carmen Villegas.
Por el caso, el Ejército aseguró que hizo una investigación y procesó a un militar.
“Según ellos lo condenaron, pero la verdad nunca se supo porque lo liberaron, según ellos por falta de pruebas”, comentó la profesora.
El Estado mexicano tampoco ha reparado el daño. El 19 de febrero pasado notificaron a la familia que querían dialogar, pero fueron rechazados.
“No aceptó. ¿Por qué hasta ahora quieren dialogar si durante seis años no nos buscaron? No se preocuparon cómo iba el caso. Ya que se enteraron de la audiencia, por eso se querían sentar y dialogar”, dijo en su testimonio la maestra.
El abogado de Tlachinollan, Saulo Loya, solicitó discutir el enjuiciamiento de los responsables de la ejecución extrajudicial y las medidas de no repetición.
Recordó que en el caso se desencadenaron negligencias y omisiones graves. A pesar de que en las pruebas de rodizonato de sodio dieron positivo los militares fueron absueltos por su misma jurisdicción luego de que el MP del fuero común declinó atender el caso en julio de 2009.
“El caso de Bonfilio es extremo y no es aislado, se enmarca en la lógica y estrategia de seguridad pública que involucra cada vez más a las fuerzas armadas”.
Alejandro Encinas, en nombre del Estado mexicano reiteró el ofrecimiento de una disculpa pública como solución amistosa y garantías de no repetición.
Y, a partir del reconocimiento parcial de responsabilidad, revisar en un término de 30 días todos los procesos judiciales del caso para ver cuáles podrían ser sujetos de investigación.
En la audiencia participaron la relatora para México de la CIDH, Andrea Pochak y las comisionadas Gloria de Mees, Marion Bethel y Rosa Maria Payá A. También la abogada de Tlachinollan, Angelita. En la sesión también participaron representantes del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy.
Edgardo Stardo Ralón, presidente de la Junta Directiva del 152 periodo de sesiones de la CIDH, dio 30 días para que las partes expresen o amplíen por escrito las respuestas presentadas. Y que un eventual acuerdo también se debe informar por escrito.