La diputada federal Ivonne Ruiz Moreno presentó una iniciativa que reconoce el derecho de las personas desaparecidas, así como de quienes hayan sufrido un perjuicio directo derivado de una desaparición, a una búsqueda inmediata y efectiva, a la localización de la persona y, en su caso, a su identificación y entrega digna.
Subrayó que las personas desaparecidas tienen derecho a continuar con su personalidad jurídica con el fin de garantizar el ejercicio de todos sus derechos.
Expuso que toda persona que haya sido reportada como desaparecida o no localizada, independientemente de si existe delito o no relacionado, tiene el derecho a que las autoridades respondan, en el ámbito de sus competencias, a través de los diferentes tipos de búsqueda, como la inmediata, la individualizada, la generalizada, la de patrones, la de identificación humana y de familia.
Para ello, explicó la legisladora, se tomarán todas las medidas necesarias para determinar la suerte o paradero de la persona. “Este derecho es autónomo del derecho a una investigación, y debe ser asumido por las diferentes instituciones como una finalidad en sí misma como parte del derecho a la verdad”, enfatizó.
La congresista del PRI puntualizó que esta garantía se sustenta en el deber del Estado de realizar una búsqueda diligente, la cual corresponde a diversas autoridades, comisiones, fiscalías y órganos judiciales, entre otras, y no únicamente a las comisiones de búsqueda. Dicha labor, dijo, debe efectuarse de manera conjunta, coordinada y simultánea.
Sostuvo que el sistema actual falla dramáticamente en las “horas doradas”, las primeras 48 a 72 horas tras la desaparición, donde la burocracia se convierte en el mejor aliado de los perpetradores, mientras los familiares son sometidos a trámites engorrosos y estigmatización, se pierden ventanas de oportunidad críticas para rastrear la movilidad de la víctima en tiempo real.
Además, recordó que el Gobierno de México ha reconocido la crisis en materia de desapariciones y ha establecido como prioridad la búsqueda de personas desaparecidas.
“La búsqueda en vida no requiere picos y palas, requiere inteligencia: geolocalización inmediata, análisis de sábanas de llamadas, acceso a cámaras de videovigilancia y ciberinteligencia para detectar redes de trata o reclutamiento forzado”, concluyó.
La propuesta plantea adicionar los párrafos X, XI y XII al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.