Acción promovida por el PAN ante la corte interamericana avanza contra Reforma Judicial de Morena

La acción promovida por el diputado federal del PAN, Germán Martínez Cázares, junto con los juristas Rafael Estrada Michel y Juan Marcos Gutiérrez González Irigoyen, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), avanza formalmente.

El órgano con sede en San José, Costa Rica, admitió el escrito presentado el 2 de diciembre de 2025 y ordenó dar vista al Estado mexicano para que responda a los planteamientos formulados.

La denuncia fue presentada mediante el mecanismo de supervisión de cumplimiento de sentencias, al considerar que las reformas constitucionales y legales aprobadas en 2024 y 2025 —en materia judicial, Ley de Amparo, Guardia Nacional y denominada supremacía constitucional— podrían contradecir obligaciones previamente establecidas por la Corte Interamericana en resoluciones emitidas contra el Estado mexicano.

En su acuerdo notificado el 2 de febrero de 2026, la Secretaría General de la Corte IDH determinó tener por recibido el escrito presentado por los promoventes; admitirlo en calidad de amicus curiae, es decir, como la intervención formal de un tercero con interés legítimo que aporta argumentos jurídicos para que la Corte analice si las reformas impugnadas cumplen con las obligaciones internacionales del Estado mexicano.

Además de incorporarlo a la fase de supervisión de cumplimiento; y dar traslado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los representantes de las víctimas en los casos vinculados y al Estado mexicano, para que formulen las observaciones correspondientes.

La solicitud plantea que las reformas recientes deben analizarse bajo los estándares de tutela judicial efectiva, independencia judicial y control de convencionalidad, particularmente en lo relativo al alcance del juicio de amparo, la reorganización del Poder Judicial y la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

El procedimiento abierto no constituye una resolución de fondo; sin embargo, confirma que la Corte Interamericana examinará si las reformas impulsadas por la mayoría legislativa son compatibles con las obligaciones internacionales vigentes para el Estado mexicano.

Una vez que las partes desahoguen la vista otorgada, el tribunal podrá determinar las diligencias adicionales que estime necesarias conforme a su reglamento.

Para el Grupo Parlamentario del PAN, la admisión del escrito confirma que el debate trasciende el ámbito parlamentario interno y debe analizarse bajo parámetros jurídicos objetivos.

Las reformas constitucionales pueden ser aprobadas por mayorías legislativas, pero no pueden desconocer los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano ni debilitar los mecanismos de control constitucional que protegen a los ciudadanos.

El contraste es de modelo institucional: mientras Morena ha optado por una reconfiguración estructural del Poder Judicial y del juicio de amparo desde la lógica de mayoría política, el PAN sostiene que cualquier transformación debe preservar la independencia judicial, el recurso efectivo y el principio de convencionalidad como límites sustantivos del poder público.

La revisión internacional en curso permitirá determinar si el nuevo diseño normativo se mantiene dentro de esos estándares o si compromete las obligaciones que México ha reconocido ante el sistema interamericano.