Tras el llamado de atención del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, por el alto número de controversias constitucionales presentadas desde Morelos, la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruíz pidió revisar a fondo por qué el Poder Judicial del estado ha recurrido de manera reiterada a este recurso para impugnar decretos de jubilación de su propio personal.
Lo anterior fue planteado en una solicitud de derecho de réplica luego de la publicació de la nota titulada “SCJN exhibe al Congreso de Morelos por incumplimiento en pago de pensiones a trabajadores del estado”, en la que se dio cuenta del señalamiento realizado desde la Suprema Corte por el volumen de litigios relacionados con pensiones.
En la misiva, la legisladora subrayó que el análisis debe centrarse en las consecuencias que estas controversias tienen para las personas trabajadoras jubiladas. “Lo importante no es si la Suprema Corte tiene muchos asuntos en estudio, sino las más de 500 familias que dependen de una pensión y que hoy se encuentran sin ese ingreso”, señaló.
Asimismo, en el documento que se hizo llegar a esta periodista, Rodríguez Ruíz apuntó que desde 2016 el Tribunal Superior de Justicia ha mantenido la práctica de promover controversias constitucionales de manera recurrente contra los decretos de jubilación aprobados por el Congreso del estado, lo que ha derivado en la suspensión del pago de pensiones.
“Al publicarse el decreto de jubilación, las personas son dadas de baja y se les niega el pago de su pensión hasta que la Corte resuelve, pese a que se trata de un derecho adquirido”, expuso.
De acuerdo con información de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, se tiene registro de 247 controversias relacionadas con decretos de jubilación. De ese total, 127 han sido dictaminadas y 107 publicadas en el Periódico Oficial Tierra y Libertad. Además, 23 expedientes se encuentran en proceso de análisis y 66 más permanecen pendientes, con base en datos proporcionados por la Secretaría de Administración y Finanzas.
La diputada indicó que su planteamiento busca abrir un espacio de diálogo con el nuevo Órgano de Administración del Poder Judicial, con el fin de revisar el origen de estas controversias y avanzar en soluciones de fondo, sustentadas en criterios de transparencia y en estudios actuariales que permitan dimensionar los recursos necesarios para garantizar la sostenibilidad del pago de pensiones.
Sobre la posibilidad de crear un Instituto de Pensiones, precisó en la misiva que hasta el momento no existe una propuesta formal por escrito, por lo que no se ha fijado una postura al respecto.
Finalmente, señaló que mientras no se realicen modificaciones de fondo a la Ley del Servicio Civil, el Congreso del estado continuará emitiendo decretos de jubilación, al tratarse de un derecho adquirido por los trabajadores que cumplen con los requisitos legales de edad y años de servicio.