El Poder Ejecutivo ha señalado que presentará una iniciativa de reforma electoral que busca, entre otros temas, reducir el costo del financiamiento público en este ámbito, el cual aumenta cada año para cubrir la estructura definida en la Constitución y las leyes.
Tan sólo en 2026, el sostenimiento de las tareas de carácter nacional o federal en materia político-electoral costará poco más de 25 mil 585 millones de pesos.
El Instituto Nacional Electoral (INE) contará con un presupuesto de 14 mil 99 millones de pesos: 12 mil 325 millones corresponden al presupuesto base –la mayor parte destinada a cubrir la nómina del organismo– y mil 754 millones a proyectos específicos.
Adicionalmente, se destinarán 7 mil 737 millones de pesos como prerrogativas de los partidos políticos, cifra que también mantiene un crecimiento constante debido a que su cálculo parte de una fórmula constitucional y depende del tamaño del padrón electoral.
Asimismo, cerca de 3 mil 749 millones de pesos están destinados al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Lo anterior representa, como se indicó, el panorama nacional del financiamiento público en materia político-electoral, al que deben sumarse las estructuras y funciones estatales.
Es decir, los 32 organismos públicos locales electorales (Oples), los partidos políticos de ámbito local y los tribunales electorales estatales, cuyo financiamiento es variable, ya que es determinado por cada Congreso local.
En cuanto al INE, los mil 754 millones de pesos asignados a proyectos específicos se destinarán, entre otros fines, a coadyuvar en la organización de la elección de diputados en Coahuila (353.4 millones de pesos). Si bien la mayor parte del gasto lo absorbe la entidad, el instituto funge como rector del sistema nacional electoral y, en ese papel, coordina diversas acciones para los procesos locales.
También contará con 395.5 millones de pesos para iniciar la organización de la megaelección de 2027, ya que, aunque las votaciones se realizarán en junio de ese año, el proceso comicial empieza desde septiembre previo.
El resto del presupuesto, alrededor de mil millones de pesos, se destinará a tareas de fortalecimiento de la cultura democrática, procesos administrativos y mejoras para la actualización del padrón electoral. Además, se contempla una partida de 138 millones de pesos para avanzar en la organización de los comicios judiciales de 2027.
El 29 de noviembre pasado, durante una audiencia pública de la comisión presidencial para la reforma electoral, la ex secretaria ejecutiva del INE Claudia Suárez señaló que en los pasados 35 años los órganos electorales –tanto el federal como los locales– registraron un crecimiento sostenido en sus nóminas, pero sin una adecuada “armonización” o planeación. Indicó que para el sostenimiento de estas plantillas se destinan entre 63 y 69 por ciento de los recursos disponibles.
Días después, los consejeros del INE afirmaron que, al ajustar el presupuesto tras el recorte de mil millones de pesos respecto de su solicitud original, estas mermas constantes ponen en riesgo la democracia. En contraste, los impulsores de la reforma sostienen que existen gastos no justificados y/o duplicados.
En suma, se avecina un nuevo episodio de análisis y discusión en el Poder Legislativo. Si bien ya hubo una reforma electoral en el sexenio pasado –en febrero de 2023, identificada como el plan B–, ésta fue anulada en junio de ese mismo año por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar inconstitucionales algunos de sus cambios.
De esta forma, la reforma más reciente en la materia data de 2024, cuando se definieron reglas sobre relección, regulaciones a partidos políticos, financiamiento y derechos de candidaturas independientes, entre otros aspectos.
La presidenta Claudia Sheinbaum impulsa ahora una nueva iniciativa, la cual sería enviada al Congreso al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, en febrero de 2026. Entre los principales elementos a considerar –de acuerdo con declaraciones de la mandataria– se encuentra la reducción del número de diputados y senadores y, en general, una disminución del financiamiento público a los partidos políticos y del gasto para la cita con las urnas.