A pocos días de que concluya el año y en medio de una discusión sobre su posible desaparición ante una eventual reforma electoral, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) siguen padeciendo en sus finanzas; en gran parte por los recortes hechos por los congresos, aunado a los gastos imprevistos para la organización de las elecciones judiciales.
De acuerdo con el último informe del Instituto Nacional Electoral (INE), sobre la situación presupuestal de los institutos electorales locales, a lo largo de 2025, cerca de la mitad (13) de los 32 Oples que operan en el país presentaron problemáticas presupuestales que tuvieron un impacto en los procesos electorales, ya sean ordinarios o del Poder Judicial local, o bien sobre las actividades relacionadas con su operatividad, como pagos de salarios, servicios o deudas.
Es así que a días de que concluya el año, hay entidades como Zacatecas en las las autoridades electorales locales enfrentan un nivel de riesgo alto con una insolvencia financiera total, en la cual no cuenta con los recursos para cubrir el pago de nómina, así como para las prestaciones de fin de año y el pago de servicios los cuales adeuda desde el mes de agosto.
Ante dicha situación, se informó que el consejero presidente del ople de Zacatecas ha realizado diversas gestiones ante el gobierno para contar con el presupuesto que le permita garantizar la operatividad del Instituto durante el último bimestre del año, con una última solicitud de ampliación presupuestal presentada el 19 de noviembre, por más de 26 millones 616,519 pesos, misma que continúa pendiente de respuesta.
Y es que los problemas financieros de esta entidad se remontan desde 2024, año en el que el Ople tuvo un recorte presupuestal de 33.89%, lo que dificultó su operatividad a lo largo del año, aunado a que mantiene adeudo con la Secretaría de Finanzas local por 10 millones de pesos que le fueron ministrados a finales de 2023, como un adelanto del presupuesto que le sería otorgado en 2024.
Asimismo, es el único organismo que mantiene un adeudo con el INE por los convenios de coordinación de dos procesos electorales: 2020-2021 y 2023-2024, por un total de 5 millones 981,168 pesos; no obstante, desde febrero pasado la Secretaría de Finanzas de la entidad le negó una ampliación presupuestal para cubrir sus deudas.
A todo ello, se sumó el recorte de 83% a los 89 millones 079,374 pesos que pidió al congreso local para su gastos ordinarios de 2025; debido al recorte, sólo pudo cubrir los sueldos hasta junio pasado y el pago de materiales y suministro hasta abril.
Por otro lado, hay dos entidades (Guerrero y Yucatán) que presentan un riesgo financiero medio, es decir, han salido de algunas de sus deudas pero existe una amenaza presupuestal que podría impactar en la ejecución de sus actividades operativas.
En el caso de Yucatán el informe detalla que a lo largo de año también vio mermadas sus finanzas por un recorte presupuestal del congreso, sin embargo, pasó de un riesgo alto a medio gracias a que apenas el 3 de diciembre el OPLE amplió su presupuesto por 1 millón 465,796 pesos derivados de rendimientos financieros, los cuales, sumados a los 2 millones 466,714 pesos que tuvo que redistribuir en su gasto ordinario, lograron contribuir a que cumpliera con el pago de las prestaciones laborales de fin de año de sus trabajadores.
Pese a que podrá cumplir con el pago de salarios y aguinaldos del personal en el bimestre final del año, la institución aún mantiene una deuda con el INE de 1 millón 887,751 pesos correspondientes al Convenio de coordinación y colaboración para organizar el proceso electoral ordinario 2023-2024.
Mientras que en Guerrero, su OPLE logró salvar el año gracias al cobro de seguros, rendimientos y ahorros realizados al interior del organismo; y es que al igual que en otros estados, el congreso local le recortó en 23% su presupuesto solicitado para 2025, sin importan que el gobierno local le debe más de 11 millones de pesos de su presupuesto de 2024.
Así, ante el déficit inicial, el OPLE informó que con los recursos aprobados si bien, no ponen en riesgo el cumplimiento de las obligaciones operativas del instituto, impedían el pago de aguinaldos del personal, por lo tanto, el 17 de febrero solicitó una ampliación por más de 48 millones de pesos, misma que no ha tenido respuestas.
No obstante, la autoridad local se vio obligada a realizar un ejercicio de ahorro y disciplina, consideraron que lo mínimo necesario para solventar sus obligaciones laborales de este año, sacando 14 millones de pesos para el pago de aguinaldos.
Mientras que otros 8 millones fueron de remanentes del ejercicio 2024, así como otro millón de pesos derivado de resoluciones a favor por el robo de vehículos.
Es de resaltar que a lo largo del año, estados como la Ciudad de México, San Luis Potosí; Veracruz; Colima; Quintana Roo; Nayarit; Nuevo León; Tamaulipas;Puebla y Chiapas también vieron afectadas sus finanzas, en su mayoría derivadas de los recortes presupuestales y por la puesta en marcha de la reforma judicial, la cual hizo que 19 entidades tuvieras elecciones judiciales locales.
Ante esta situación, en el Consejo General del INE se advirtió que ante una eventual reforma electoral, hay la necesidad de la permanencia de los Institutos Electorales Locales, los cuales requieren de un presupuesto adecuado, idóneo y suficiente que es fundamental para garantizar no solamente su operación óptima, sino que estos sigan contribuyendo al desarrollo de la democracia en las entidades federativas.
“Los Institutos Electorales Locales, llamados OPLE, no pueden ni deben ser asfixiados presupuestalmente porque cualquier recorte presupuestal drástico y sin justificación puede impactar negativamente en el funcionamiento y cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y, en consecuencia, afectar los derechos políticos de la ciudadanía”, señaló el consejero Jorge Montaño en días pasados.