La diputada federal Marcela Guerra Castillo exhortó a las entidades federativas que aún no han suscrito convenios de colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE) para la identificación de personas mediante biometría y el cruce de información en la localización de personas desaparecidas, a que lo hagan de inmediato, con el fin de brindar certeza a miles de familias que buscan a sus seres queridos.
A través de un Punto de Acuerdo, la legisladora subrayó que dichos convenios son una herramienta indispensable para enfrentar la crisis nacional de desapariciones y garantizar el derecho a la verdad de miles de familias en México.
“La ausencia de firma de estos convenios limita la capacidad estatal para realizar búsquedas biométricas y cruces de información que podrían derivar en identificaciones inmediatas”, advirtió.
Guerra Castillo recordó que las Comisiones Estatales de Búsqueda de Personas de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas, así como las Fiscalías Generales Estatales de Baja California Sur, Jalisco, Sonora y Tlaxcala, aún no han firmado el convenio.
La congresista del PRI enfatizó que la problemática, por su escala, constituye un desafío estructural para el Estado mexicano, pues miles de familias enfrentan procesos prolongados de búsqueda que afectan su bienestar físico, emocional, económico y comunitario.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la desaparición de personas impacta de manera desproporcionada a sectores vulnerables: migrantes, mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes enfrentan mayor riesgo de desaparición.
La diputada Marcela Guerra precisó que la desaparición implica violaciones múltiples y continuas a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, como la vida, la libertad, el acceso a la justicia y la integridad personal. En el ámbito internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido la desaparición forzada como “una violación múltiple y compleja de derechos, además de un ejemplo de violación continua”.
Indicó que México enfrenta una de las crisis humanitarias más graves en décadas. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hasta el 24 de noviembre de 2025 se contabilizan más de 133 mil personas desaparecidas. Cada cifra representa un hogar incompleto y un Estado obligado a actuar. Sin embargo, colectivos señalan que entre 2017 y enero de 2025 sólo se han dictado 373 condenas por desaparición forzada o cometida por particulares.
“La desaparición no es un evento aislado: es una violación que permanece en el tiempo mientras no se conozca el paradero de la víctima. Cada caso se convierte en una situación de violencia permanente para la persona desaparecida y su familia”, concluyó la legisladora del PRI por Nuevo León.