Al iniciar los trabajos de la Comisión Permanente, la diputada federal Ana González González presentó una iniciativa para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital. Su propuesta busca robustecer la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, impulsar la alfabetización digital y enfrentar riesgos como el acoso, el grooming y la trata en plataformas en línea.
Desde la Tribuna del Palacio de San Lázaro, explicó que, en un contexto nacional marcado por el incremento de la violencia, la normalización de conductas delictivas y la vulneración constante de la ciberseguridad, resulta indispensable adoptar medidas legislativas que prevengan, desincentiven y obliguen a los adultos responsables del cuidado de las infancias a protegerlas en el uso de internet.
Subrayó que esta protección requiere una combinación de diálogo abierto, reglas claras, supervisión parental y configuraciones adecuadas de privacidad. Todo ello para mitigar riesgos como el ciberacoso, la exposición a contenido inapropiado y el grooming, al tiempo que se fomenta una “huella digital” positiva y un uso responsable de la tecnología. También destacó la importancia de educar tanto a padres como a menores sobre prácticas de navegación segura.
Enfatizó que la acción del Estado es indispensable para garantizar derechos fundamentales, como el acceso a una vida libre de violencia, asegurar el desarrollo integral de la niñez y cumplir con compromisos internacionales. Para ello, dijo, es necesario crear marcos legales, implementar políticas públicas y coordinar esfuerzos institucionales que prevengan abusos, promuevan la igualdad y brinden asistencia, siempre bajo el principio del interés superior de niñas y niños.
Agregó que existe un consenso creciente sobre la necesidad de legislar la responsabilidad del Estado en la protección de la infancia frente a los riesgos del entorno digital.
La legisladora neoleonesa recordó que el Estado tiene la obligación primordial de proteger y garantizar los derechos humanos de la población, actuando mediante instituciones que provean servicios esenciales para el bienestar social. Añadió que corresponde al Estado construir los mecanismos que organizan la vida social, establecer y aplicar leyes, y ofrecer servicios públicos que garanticen la seguridad y promuevan el bienestar común, legitimando así su función y generando orden a través de sus estructuras.
La iniciativa presentada propone adicionar los artículos 47 Bis, 47 Ter, 47 Quater y 101 Bis 4 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de protección y seguridad de menores de edad en la era digital.