El Congreso de Morelos aprobó vía fast track y con total opacidad el Paquete Económico 2026, que incluye por lo menos dos nuevos impuestos y cuatro aumentos. Entre las alzas figura el Impuesto Sobre la Nómina, mientras que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial recibirán más recursos.
La moneda de cambio para lograr la unanimidad, según revelaron a la reportera diputadas y diputados consultados, fue presuntamente etiquetar 20 millones de pesos en obra pública para municipios o distritos de interés de integrantes de la LVI Legislatura, quienes podrán capitalizar esos recursos política y electoralmente rumbo a las elecciones de 2027.
La sociedad civil cuestionó que otra vez se favorezca con incrementos presupuestales al Estado y a la partidocracia, y que por segundo año consecutivo en esta legislatura no se aplique la austeridad republicana que pregona Morena. También advirtió que la rapidez y la falta de transparencia con que se votó el paquete incrementan la incertidumbre social y empresarial.
Fue el jueves 13 de noviembre cuando el Poder Ejecutivo entregó la propuesta del Paquete Económico 2026. Todo fue hermetismo: nunca estuvo disponible en ningún formato para que la ciudadanía y la prensa conocieran las pretensiones del gobierno estatal en cuanto al aumento o la creación de impuestos.
A pesar de que fue solicitado por distintas vías —tanto por periodistas como por integrantes de la sociedad civil—, el proyecto se resguardó bajo piedra y lodo. De manera extraoficial comenzaron a conocerse algunos pormenores de la propuesta presentada por el Ejecutivo, justo cuando apenas la sociedad civil empezaba a organizarse para intentar incidir en un propuesto con enfoque social.
El pasado jueves 20 de noviembre, exactamente una semana después de haber recibido la propuesta en sesión ordinaria, el Congreso aprobó por unanimidad (20 votos a favor y cero en contra) los dictámenes emanados de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.
De acuerdo con información oficial obtenida por este medio, se introducen dos nuevos impuestos: uno aplicable a quienes obtienen ingresos por arrendamiento de inmuebles y otro a quienes realizan enajenación de bienes inmuebles. Estas figuras no existían previamente en la legislación local.
Además, el paquete establece cuatro incrementos. El primero corresponde al impuesto sobre nóminas, es decir, los patrones deberán pagar ahora 3.0%. También se actualiza el impuesto ecológico por emisiones, fijado ahora en 0.88 UMA (99.56 pesos) por cada tonelada de CO2.
A estas modificaciones se suma la actualización de tarifas en el Registro Público de la Propiedad, cuyos ajustes serán moderados y no rebasarán una UMA (113.14 pesos). Se incrementa también la sanción por circular sin verificación vehicular vigente, que subirá de 20 a 25 UMA (es decir ahora la sanción será de dos mil 828 pesos con 50 centavos )
Las autoridades estatales argumentan que estas medidas buscan equilibrar las finanzas públicas y actualizar el marco fiscal.
El presupuesto total aprobado para el próximo ejercicio fiscal asciende a 39 mil 856 millones 179 mil 349 pesos, de acuerdo con la distribución oficial. De este total, 18 mil 673 millones 557 mil 116.62 pesos corresponden a gasto programable (dinero que el gobierno utiliza para financiar las actividades diarias y los programas públicos, como educación, salud, seguridad, infraestructura y salarios de sus empleados) y 21 mil 182 millones 622 mil 232.38 pesos a gasto no programable, es decir, a pagos preestablecidos como la deuda pública.
El presupuesto estatal para el próximo año concentra recursos en áreas de impacto directo: Mujeres, Campo, Educación, Salud, Bienestar y Movilidad y Transporte. El objetivo es sostener los programas y servicios que atienden a la población.
La aprobación fast track del Presupuesto 2026 generó cuestionamientos desde distintos sectores. En entrevistas por separado, Roberto Salinas, director del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas, y Antonio Sánchez Durón, empresario y consejero de Canaco-Servytur, coincidieron en que el proceso legislativo careció de transparencia y participación ciudadana.
Salinas calificó como “desafortunada” la rapidez del trámite, pues el proyecto nunca se difundió completo ni se convocó a voces externas. Consideró que el dictamen incluye cifras que no reflejan la situación económica actual: “Se menciona un crecimiento de 3.7% basado en datos de 2023, pero a junio de 2025 hay un decremento en la actividad empresarial”. Esto, dijo, afecta decisiones clave, especialmente en materia fiscal.
Advirtió también que el incremento al impuesto sobre nómina ocurre en un contexto de bajo dinamismo económico. “Sólo se han creado 680 empleos este año, cuando regresaron dos mil 700 jóvenes de las universidades”, señaló, lo que evidencia la falta de condiciones para atraer inversión.
El investigador afirmó que el proceso confirma una tendencia política a debilitar la deliberación pública: “Hoy los políticos sólo esperan aplausos”. Las modificaciones de última hora —como retirar impuestos a actividades profesionales y uno ambiental, además de rechazar deuda pública— le parecieron un intento de suavizar la reacción social. “Pusieron las cosas muy alto para llegar al punto que querían”, dijo.
Antonio Sánchez Durón lamentó que el Congreso no consultara al sector económico antes de votar el paquete fiscal. “Nunca se nos dio la cortesía de ser consultados; a quien iba a impactar era al empresariado”, expresó. Recordó que el contexto nacional tampoco ayuda: “El crecimiento del país en octubre fue cero, y Morelos no muestra mejores números”.
Consideró que la velocidad de aprobación genera incertidumbre. “No es histórico; es dudoso”. Aseguró que un presupuesto verdaderamente histórico habría requerido consenso y participación de todos los sectores.
Durón advirtió que la nueva carga fiscal puede disminuir la competitividad del estado: “Nos saca de un marco competitivo y no hay una ruta clara”. Coincidió con Salinas en que la salida de empresas como Nissan y el endurecimiento fiscal federal complican aún más el panorama.
Sobre la presunta asignación de obra pública con fines de capitalización política, señaló que no sería la primera vez que un presupuesto se aprueba mediante negociaciones que únicamente favorecen intereses personales, de grupos y actores políticos. Llamó a la ciudadanía a evaluar el desempeño de sus representantes: “A la hora de votar, debemos fijarnos muy puntualmente en su actuar”.
Ante las críticas, el diputado Rafael Reyes Reyes, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, defendió la legalidad, la claridad técnica y los acuerdos que, según él, permitieron una aprobación inédita del paquete económico, negando cualquier manejo opaco.
Afirmó que en Morelos los anteproyectos no se difunden antes de aprobarse y que las discusiones internas comenzaron semanas atrás, lo que permitió un análisis adecuado. “No hay nada que ocultar; actuamos conforme a nuestra potestad constitucional”, señaló.
Sobre el aumento al impuesto sobre la nómina, explicó que la transición de 2% a 3% inició el año pasado y busca homologar a Morelos con la media nacional. Señaló que otros estados aplican este porcentaje y que la medida fortalece la recaudación estatal, dado que casi todos los ingresos provienen de la Federación.
También precisó que de los cuatro impuestos cedulares propuestos sólo se aprobaron dos: propiedad y enajenación, ambos bajo un esquema gradual.
Reyes calificó el presupuesto como “austero”, con un incremento general del 4.50%, equivalente a la inflación, aplicado uniformemente a organismos centralizados, descentralizados y a los tres poderes. Destacó que el propio gobierno absorberá el impacto del aumento al impuesto sobre la nómina y que no se aprobó la adquisición de deuda pública.
Negó el supuesto acuerdo para asignar 20 millones de pesos en obra pública a cambio del voto unánime y afirmó que no existe ninguna disposición en el decreto que permita suponer reasignaciones con fines políticos.