El diputado federal Rubén Moreira Valdez aseguró que la propuesta de Ley General de Aguas y las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, impulsada por el gobierno de Morena es una norma injusta, ambigua y punitiva; diseñada para criminalizar al campo, al sector agropecuario y a quienes producen alimentos en México, en lugar de atender los verdaderos problemas del país.
«Es evidente que el gobierno se dio cuenta de su error inicial y propone cambios, pero son insuficientes, ambiguos y peligrosos para el productor, en especial para los más pobres», añadió Moreira Valdez, luego de que se enviara un proyecto de dictamen en pleno fin de semana a los legisladores que integran la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua y Saneamiento, que presenta algunos cambios respecto a la iniciativa original, pero que resultan insuficientes.
El legislador del PRI insistió que hay incongruencias entre las propias disposiciones y que tan solo dejan ver que lo que Morena pretende es simular que se escuchó a los productores y con modificaciones de forma pretenden engañar a todos, con la finalidad de que se aprueben antes del 15 de diciembre.
De manera previa, en una mesa de análisis desarrollada en el programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, y acompañado del economista Mario Di Costanzo y del abogado Julián Proa, Moreira Valdez aseguró que su voto es y seguirá siendo en contra, salvo que la mayoría oficialista vuelva a iniciar el proceso legislativo desde cero y construya una ley justa, técnica y consultada con quienes trabajan la tierra.
El coordinador parlamentario sostuvo que la propuesta incluye delitos mal redactados, duplicados y ambiguos, algunos ya contenidos en el Código Penal Federal y en leyes ambientales, con lo cual Morena “crea un marco legal confuso y útil para la persecución política”.
A su vez, el vicecoordinador del PRI e integrante de esa comisión, Alejandro Domínguez Domínguez, detalló que el dictamen que circula contiene 537 páginas, por lo tanto, su estudio y su análisis no es de corto alcance. Consideró que las modificaciones son oscuras, poco claras y mañosas, por lo que llamó a que este proyecto se socialice en todo el territorio nacional, que se hagan foros por entidad federativa para poder revisar con todos los actores, “porque no habla con claridad del tema pecuario, del tema industrial, del tema de las minas y esto puede generar un problema en el futuro”.
El diputado por Chihuahua especificó que en el documento se asienta que se puede disminuir la capacidad que tienen las concesiones en cuanto al volumen de extracción y le deja la voluntad directa a la autoridad, en este caso a Conagua. Además, no le da posibilidad al propietario de opinar y habla que será en proporción a la inversión en tecnificación que se haga, pero este programa no avanza, como lo dijo el Gobierno de la República.
En los distritos de riego, enfatizó, siguen dejando el control a la Comisión Nacional del Agua, centralizado, y esta autoridad podrá disminuir los volúmenes de consumo de agua que pueden tener los productores, considerando lo que siembran.
Recalcó que los productores deberán informar sobre las siembras que van a hacer en sus predios año con año, lo que puede representar un problema en el momento en el cual se está autorizando. Por lo tanto, destacó, deja criterios a la autoridad central de reglas que van a publicarse, que van a hacerse, pero no clarifica en qué sentido van a ser esas reglas de futuro.
Al respecto, el abogado Miguel Sulub advirtió que en el proyecto de dictamen se mantiene la prohibición de transmitir los derechos que amparan los títulos de concesión; con otra redacción; se continúa con la intención de criminalizar a todos los productores, a los delitos hídricos ahora se les denominará delitos contra las aguas nacionales.
Como parte de la simulación, detalló Sulub, observamos que algunos párrafos, de manera tramposa, fueron eliminados de un artículo para ponerlo en otra disposición de la misma ley y, en otros casos, hay disposiciones cuyos textos se contraponen, generándose incongruencia que seguramente el gobierno utilizará a modo. Agregó que como todas las propuestas de Morena, esta iniciativa muestra el afán recaudatorio, donde se imponen más cargas fiscales a los ciudadanos.
En ese sentido, el abogado Julián Proa expuso que los delitos propuestos contemplan penas de hasta 8 años de prisión y multas de aproximadamente 4 millones de pesos, lo que afectaría tanto a pequeños, medianos y grandes productores.
“La sanción va desde quienes tienen 3 vacas hasta quienes poseen 50 o 100 cabezas de ganado, así como a quienes tiene 1 o 100 hectáreas de cultivo”, subrayó para después mencionar que se plantean como delitos el trasladar aguas nacionales sin permiso, aunque “trasladar” es un concepto sin definición técnica, lo que permitiría encarcelar a productores por prácticas habituales del campo.
Proa adelantó que esta redacción permitiría perseguir penalmente a campesinos que realizan actividades cotidianas como limpiar canales, desviar agua para salvar cosechas, ajustar sistemas de riego o realizar mantenimiento comunitario.
Por lo anterior, Rubén Moreira y los analistas coincidieron en que Morena no escuchó al sector agropecuario, a pesar de que múltiples organizaciones acudieron a la Cámara de Diputados para explicar los riesgos. “El gobierno ni siquiera ha resuelto problemas graves como el del gusano barrenador, y ahora pretende imponer sanciones desproporcionadas”, señalaron.
Por su parte, Mario Di Costanzo recordó que México enfrenta un rezago de más de 100 mil millones de pesos anuales en infraestructura hidráulica. Pese a ello, la propuesta de Morena no establece ninguna obligación presupuestaria al Estado para garantizar infraestructura, captación, mantenimiento o modernización del sistema hídrico nacional.