Organizaciones ciudadanas alertaron sobre el intento de “perpetuar la ley salinista” en el dictamen de la nueva Ley General de Aguas y de reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN), ya que, consideraron, el documento conserva “las estructuras y mecanismos” que durante más de 30 años han permitido la sobrexplotación de los acuíferos, la contaminación de los cuerpos de agua y la marginación hídrica de grandes sectores de la población.
Académicos, investigadores y más de 80 agrupaciones que integran la Coordinadora Nacional Agua para Todos y la Contraloría Nacional Autónoma del Agua denunciaron que sólo se aplicaron cambios mínimos y no se incluyeron propuestas generadas en los parlamentos abiertos y las audiencias públicas organizadas por el Legislativo.
Enfatizaron que el proyecto mantiene un capítulo “dedicado a promover y fomentar la privatización de obras hidráulicas y permite la privatización de sistemas de agua y saneamiento, a pesar de las desastrosas experiencias en todo el país”, además de que se permite la “discrecionalidad” en el cobro de derechos a los grandes concesionarios del líquido.