Medio centenar de organizaciones sociales y activistas en lo individual, algunas de ellas que conforman el colectivo “Fiscalía que Sirva” y “La Justicia que queremos”, condenaron la salida del exfiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, aprobada por el Senado fuera de los cauces constitucionales y con una intención de que el “Poder Ejecutivo y de la 4T, quieren seguir teniendo el control político sobre la Fiscalía”.
Tras hacer énfasis en que la salida de Gertz se dio “en medio de múltiples dudas y cuestionamientos”, así como que la asignación de un nuevo cargo por la presidenta Claudia Sheinbaum no configura “una causa grave”, en un comunicado las organizaciones sociales reprobaron “la falta de transparencia de las autoridades respecto de los verdaderos motivos de la separación” del exfiscal.
Destacaron que, como parte del control político, “basta ver cómo operaron en tiempo récord la renuncia de la consejera jurídica, su nombramiento por parte de Gertz Manero y su designación como encargada de despacho a la FGR.
Al considerar que la forma en que en que Gertz se separó del cargó es una muestra de “una gestión opaca, caracterizada por un actuar autoritario y una absoluta rendición de cuentas a la ciudadanía”, las organizaciones y activistas hicieron un recuento de las observaciones que se hicieron a la FGR durante la gestión de Gertz Manero a través de investigaciones colectivas.
Durante el sexenio pasado, en el que fue designado Gertz Manero como fiscal general, el colectivo informó de “una serie de deficiencias graves en la gestión del fiscal Gertz Manero y retrocesos sostenidos en la FGR en materia de transparencia, rendición de cuentas y mecanismos de participación ciudadana”.
Recordaron que una vez que tomó posesión del cargo, Gertz solicitó al Congreso federal derogar la Ley Orgánica de la FGR, que había nacido del consenso de organizaciones sociales y parte del equipo de transición del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, “la cual fue sustituida por una legislación a modo que eliminó todos los mecanismos de rendición de cuentas del fiscal, así como derechos de las víctimas y mecanismos de participación ciudadana”.
Al trabajo de Fiscalía que Sirva están los elaborados por otros colectivos, que hicieron un recuento de los escándalos en los que se vio envuelto Gertz Manero, el tráfico de influencias en la Suprema Corte para afectar a su cuñada y su sobrina, la intervención de la FGR para traer de regreso al general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en Estados Unidos, así como su actuación anómala en el caso del Rancho Izaguirre.
“Nada de esto fue suficiente para que el Senado le pidiera rendir cuentas abiertamente a la sociedad, a pesar de que así lo pedimos formalmente las organizaciones”, alertaron en el comunicado.
Apuntaron que lo que la sociedad vio este jueves 27 fue una confirmación de cómo han sido “usadas” las fiscalías en México “por los gobiernos en turno, como instrumentos de control político, para combatir adversarios o para garantizar pactos de impunidad en perjuicio de la sociedad”.
Tras señalar que, en los hechos, las fiscalías “no investigan diligentemente ni garantizan justicia a las víctimas, por el contrario, las revictimizan y muchas veces inhiben a presentación de denuncias”, el colectivo lamentó que “la justicia en México sólo existe para quien tiene influencias y poder, no para las 130 mil familias que tienen un caso de desaparición”.
Ante la inminente aplicación del proceso de selección de la persona que encabece la FGR, los colectivos urgieron al Senado garantizar “un proceso serio y con los tiempos que se requieran para designar a la nueva persona titular de la FGR”, considerando estándares internacionales para seleccionar a las personas idóneas, para definir la metodología, y que se incluyan entrevistas públicas.
Sugirieron a los senadores solicitar a los aspirantes presentar un plan de trabajo para restructurar la FGR, considerando “eliminar la corrupción y la impunidad sobre todo en casos que más afectan a la sociedad, fortalecer las capacidades institucionales y mejorar las investigaciones antes los delitos de su competencia y los graves contexto de alta criminalidad en el país, poniendo en el centro a las víctimas”.
Recomendaron que, una vez designada la persona titular, “abra convocatorias para ocupar los nuevos cargos de fiscales especializados y otros relevantes de la institución, que contengan requisitos para analizar la idoneidad de las personas candidatas, principalmente en las fiscalías de derechos humanos, delincuencia organizada, control regional y delitos electorales”.
Las organizaciones sociales solicitaron al Senado promover un “mecanismo de evaluación y rendición de cuentas de la gestión del fiscal Gertz Manero y sus fiscales especiales”, que sea una evaluación abierta a la ciudadanía y que se escuche a las víctimas y organizaciones especializadas en derechos humanos, para que se rinda un informe público “que refleje los retrocesos y retos que enfrenta la institución, haciendo recomendaciones puntuales a partir de la escucha en audiencia púbica de actores de la sociedad civil”.
Entre los firmantes del documento destacaron Artículo 19. Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Buscando Desaparecidos México, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de Investigación de Crímenes Atroces, Clínica Jurídica Alaide Foppa para Personas Refugiadas de la Universidad Iberoamericana, Buscadoras de Guanajuato, Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Consultora Solidaria, Derechos Humanos Integrales en Acción, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, México Evalúa, Tejiendo Redes Infancia y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), entre otras.
Se sumaron de manera individual Ana Lorena Delgadillo Pérez, Daniel Giménez Cacho, Elena Azaola, Jacobo Dayán, José Antonio Guevara Bermúdez, entre otros activistas.