La Misión Civil de Observación sobre impactos y afectaciones del proyecto Tren Maya presentó un reporte de las “graves e irreparables violaciones” a los derechos naturales, individuales y colectivos en los estados de Quintana Roo y Campeche, derivadas de la construcción ferroviaria.
El informe, publicado el 25 de noviembre y presentado en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en Ciudad de México, fue resultado de un recorrido realizado por organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos en abril pasado, para documentar las transformaciones en comunidades por la operación del megaproyecto.
Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma de México (UAM), del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, acompañaron como observadores el recorrido.
“Habitantes de los territorios visitados señalaron la opacidad e impunidad en el actuar de empresas constructoras y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) frente a las afectaciones socioambientales provocadas por la obra que sigue en expansión”, indicó el informe, elaborado por organizaciones como el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y Greenpeace México.
El «alarmante” diagnóstico ratificó la sentencia del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza (2023), donde se advirtieron las afectaciones etnocidas y ecocidas del Tren Maya.
“Tan solo en el tramo cinco, seis y siete, al menos se contabiliza la pérdida de 20 millones de árboles (…) millones de nidos de aves destruidos. (…) El corredor biológico (…) ha sido vulnerado totalmente. (…) Han sido afectados alrededor de 130 cenotes con salida a la superficie, que fueron perforadas, rellenadas, destruidas, para la obra. (…) Es un daño inconmensurable”, señaló el investigador Guillermo D. Christy.
Por otro lado, se reportó que la presencia de fuerzas armadas en la región, donde hay hoteles, estaciones, parques, zonas arqueológicas y escuelas, ha generado “un clima de miedo e indefensión”, incrementando la percepción de inseguridad e impunidad.
Residentes también refirieron abusos de poder, aumento de precio de la canasta básica, afectaciones a parcelas, explotación de fuentes de agua y cercamiento de espacios públicos, sin que existan canales efectivos de comunicación para exigir reparación o atención a los daños causados por personal militar.
María Hernández, coordinadora general del Colectivo Vidas, señaló que otro tema alarmante es el aumento de violencia criminal e institucional, a partir del 2020:
“Lo que no pasaba en nuestras comunidades, elecciones, asesinatos, muchas desapariciones (…) de jóvenes, niños, de hombres, de trabajadores del tren (…) quienes han hecho paros, denuncias y manifestaciones”, dijo durante la presentación del informe.
Las organizaciones denunciaron la evidente “actuación irresponsable de la Sedena, la omisión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)”.
A esto se suma la expansión inmobiliaria del megaproyecto, que está acelerando los procesos de privatización de las tierras ejidales, mientras aumentan los asentamientos irregulares y desarrollos turísticos sin permisos ambientales y urbanos.
“La obra en su totalidad se construyó violando la normatividad ambiental vigente en México y acuerdos internacionales, blindándose con decretos presidenciales que declararon el Tren Maya como un proyecto de seguridad nacional’”, aseguró el informe.
Hernández mencionó incluso el riesgo que corren al revelar los hallazgos de la Misión Civil de Observación:
“Decir lo que está pasando es un riesgo, siempre ha sido un riesgo para nosotros. Parece que defender derechos y exigir que se hagan las cosas como se debería, no es bien visto. Estar en estos espacios requiere de mucho valor y valentía porque nosotros regresamos a nuestras comunidades”.
Sin embargo, pese a los retos que enfrentan, las organizaciones reiteraron su compromiso en un tejido social activo, con acciones colectivas y legales para defender los territorios, los derechos humanos y de la naturaleza.