La nueva Ley General de Aguas promovida por Morena representa un riesgo directo para el patrimonio de miles de familias campesinas, pues se impulsa sin diálogo real y bajo un proceso marcado por la exclusión, advirtió el diputado federal Humberto Ambriz Delgadillo, en la sede de la CNC Aguascalientes,
Relató que en reuniones recientes de la Comisión encargada del dictamen incluso se expulsó a productores, pese a que acudieron legítimamente a informarse. “Cuando primero hay reservas de todos los partidos y dos semanas después aparece unanimidad, está claro que hay prisa por imponer la ley”, afirmó.
Destacó que, ante esta cerrazón, el PRI decidió abrir foros en todo el país para escuchar a los usuarios del agua y advertirles sobre las consecuencias de una reforma que puede afectar su patrimonio construido durante generaciones. El legislador subrayó que el agua es parte esencial de la vida productiva de las familias del campo y que el PRI no acompañará una ley apresurada y sin consenso.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, explicó que la iniciativa enviada por la Presidencia separa la propiedad de la tierra de la propiedad del agua, lo que impediría heredarla, venderla o usarla como garantía. Además, impone trámites y reportes que abren la puerta a multas desproporcionadas y a la corrupción, afectando la productividad agrícola, ganadera e industrial.
“No venimos a generar miedo, venimos a advertir con hechos: Morena quiere aprobar esta reforma fast track”, sostuvo.
Llamó a los productores y a la ciudadanía a informarse y exigir definiciones públicas a los diputados de Morena, pues la ley afecta por igual a pequeños agricultores, ganaderos, mineros y familias con pozos o norias. Aseguró que el PRI dará la batalla en Diputados y en el Senado: “Si no hay costo político, ellos levantan la mano sin dudar. No permitiremos que destruyan la productividad de estados como Aguascalientes”.
Expuso que el presupuesto federal aprobado para el ejercicio 2026 representa una disminución significativa en los recursos destinados a Aguascalientes, en comparación con lo recibido en 2018. Aunque el gobierno asegura que el presupuesto será “mejor que el de 2025”, las cifras muestran reducciones preocupantes en áreas estratégicas para el desarrollo del estado
La diputada federal y lideresa campesina Leticia Barrera Maldonado advirtió que la iniciativa pretende centralizar completamente las decisiones sobre el agua, retirando facultades a los estados y criminalizando actividades cotidianas como trasladar agua para uso doméstico o para los animales. Señaló que la propuesta establece sanciones que alcanzan hasta 12 años de cárcel y multas de millones de pesos, violando el principio histórico de que la tierra y el agua son derechos inseparables ganados desde la Revolución.
Llamó a emprender una “revolución de consciencia” para impedir que se arrebaten derechos históricos del campo. “Cuando vinieron por otros, muchos voltearon a otro lado. Hoy nos toca defendernos entre todos. La CNC no dará un paso atrás”, aseguró.
A su vez, el secretario Técnico del Grupo Parlamentario del PRI, Miguel Sulub Caamal, destacó que la propuesta tiene un carácter recaudatorio, ya que condiciona la entrega o prórroga de concesiones al cumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social, además de imponer la obligación de reportar anualmente el volumen de agua extraído, las hectáreas cultivadas y los productos cosechados.
Durante el foro, funcionarios, dirigentes y ciudadanos, así como José Reyes Sánchez, experto y exrector de la Universidad de Chapingo; el diputado federal Paulo Gonzalo Martínez López, Secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento; Isidoro Armendáriz García, Secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Gobierno del Estado de Aguascalientes, entre otros asistentes, expresaron su preocupación por la nueva Ley y coincidieron en que es un riesgo para el patrimonio de las familias.