A dos años de la desaparición forzada de diez comerciantes guatemaltecos en el municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, sus familias exigen al Estado mexicano que tras el reconocimiento en su calidad de víctimas, implementen medidas para garantizar la atención psicosocial, evaluación de condiciones socioeconómicas y seguridad, especialmente para niños, niñas y adultos mayores.
Al cumplirse dos años de la desaparición forzada, emitieron un pronunciamiento público para exigir avances reales en la investigación, en la búsqueda y en la coordinación binacional entre México y Guatemala. “Sin verdad, sin justicia”, fue el mensaje central del llamado.
Los desaparecidos -Dan Josué Rosales Tzunún, Jorge Luis De León, Juan Carlos Calel de León, Luis Alberto Vásquez Sarat, Amílcar Isaac Enríquez Villatoro, Juan Francisco Tupul García, Julio César Vásquez Pérez, Leonardo Morales Álvarez, Mayco Josué Morga Enríquez y Francisco Socorro Morga De León-, se dedicaban a la venta de pollos de crecimiento.
Desde el 16 de noviembre de 2023 desaparecieron en territorio mexicano, sin que hasta la fecha se tiene rastro de ellos. La desaparición se dio en un contexto marcado por la disputa territorial entre grupos criminales que ha dejado decenas de desaparecidos en la región fronteriza.
En su pronunciamiento, las familias señalaron que el tiempo transcurrido ha significado un profundo desgaste emocional, económico y comunitario, pero reafirmaron su determinación de continuar la búsqueda. Insistieron que, pese a múltiples reuniones, aún no hay resultados concretos en las investigaciones.
Las familias dirigieron seis exigencias principales a los gobiernos de México y Guatemala: Coordinación institucional efectiva; piden mantener reuniones constantes con autoridades mexicanas y mejorar la coordinación entre instituciones para agilizar las acciones de búsqueda, investigación, identificación y sanción de responsables.
Solicitan que las autoridades contemplen todas las hipótesis relevantes: búsqueda en vida y en muerte, en lugares de detención, zonas de operación del crimen organizado en Chiapas y otros estados, así como la búsqueda transnacional ante la posible hipótesis de reclutamiento forzado.
Exigen un plan de investigación claro y resultados verificables y conocer los avances concretos en torno a la desaparición y a la identificación de los responsables.
Las familias guatemaltecas refieren que en julio de 2025 se realizaron una tercera toma de ADN con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), con apoyo de organizaciones de derechos humanos, por lo que exigieron que los perfiles sean incorporados a las investigaciones y cotejados con bases de datos forenses en México.
Tras el reconocimiento de su calidad de víctimas por parte del Estado mexicano, solicitaron que se implementen medidas para garantizar atención psicosocial, evaluación de condiciones socioeconómicas y seguridad, especialmente para niños, niñas y adultos mayores.
Al gobierno de Guatemala le piden que les acompañe activamente en el proceso, gestione información ante México y participe en mesas de trabajo binacionales para garantizar asistencia y protección a las familias.
Las familias reiteraron que no dejarán de exigir verdad y justicia. “Seguiremos buscando hasta encontrarles”, concluye el comunicado emitido desde Cuyotenango.
Frontera Comalapa: una zona bajo presión del crimen organizado
El municipio de Frontera Comalapa, colindante con Guatemala, se ha convertido en los últimos años en un corredor estratégico para el tráfico de personas, drogas, armas y mercancías. La disputa entre grupos del crimen organizado ha generado un clima de violencia, desplazamientos forzados, bloqueos carreteros, asesinatos y un incremento alarmante de desapariciones.
Las familias de los desaparecidos señalaron que este contexto facilita la impunidad y dificulta las labores de búsqueda, y lamentaron que las autoridades mexicanas no hayan presentado avances sustanciales, pese a la gravedad de la situación regional.