Para fortalecer impartición de justicia, Alejandro Domínguez impulsa tribunales especializados en violencia de género

El diputado federal Alejandro Domínguez Domínguez propuso la creación de tribunales especializados en violencia de género en cada entidad federativa, con el objetivo de establecer una política de cero Tolerancia de violencia contra las mujeres y consolidar un modelo de justicia centrado en la protección de los derechos humanos.

Expuso que uno de los principales beneficios es la articulación entre las materias penal y familiar. Aclaró que no se combinan los procedimientos ni se vulneran sus principios; cada uno conserva sus reglas y garantías. “Lo que ocurre es que el mismo juez o jueza gestiona ambos procesos, lo que permite una visión integral del caso sin comprometer la autonomía de cada materia”, detalló.

Acompañado por el coordinador de la bancada priista, Rubén Moreira Valdez, así como las magistradas de Chihuahua, Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez y Sara Julieta Muñoz Andrade; y la jueza Martha Margarita Piñón Aldama, el legislador informó que para ello presentó una iniciativa para reformar la fracción IX del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En conferencia de prensa, Domínguez Domínguez señaló que la implementación de estos tribunales en todos los estados permitirá una respuesta judicial más efectiva, garantizará la protección de las víctimas y contribuirá a erradicar la impunidad en los delitos de género.

El representante por Chihuahua destacó que entre otros beneficios de este modelo se encuentran: atención integral a las víctimas, reducción de la revictimización, agilización de la impartición de justicia, unificación de criterios y aplicación efectiva de la perspectiva de género.

Indicó que este tipo de tribunales ya operan en Coahuila y Chihuahua, y anunció que se reunirán con el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales para exponer el funcionamiento de estos órganos especializados.

Acompañado por sus correligionarios Xitlalic Ceja García, Socorro Jasso Nieto, Antonio Meléndez Ortega, Luis Gerardo Sánchez Sánchez y Humberto Ambriz Delgadillo, el congresista del PRI reconoció el impulso de la magistrada Yasel Villanueva en la consolidación de estos tribunales en Chihuahua, como continuidad a los trabajos previos realizados en los Centros de Justicia para las Mujeres.

Subrayó que entre el 60 y el 70 por ciento de las causas judiciales en Chihuahua están relacionadas con violencia familiar o asuntos del ámbito familiar, lo que evidencia la urgencia de contar con mecanismos especializados.

Por su parte, la magistrada Yasel Villanueva explicó que estos tribunales son indispensables para atender a grupos históricamente vulnerados —como mujeres, niñas, niños y adolescentes— que requieren una protección reforzada. El Estado, dijo, tiene la obligación de ofrecer una respuesta especializada.

Aclaró que los procedimientos penal y familiar no se combinan ni se vulneran sus principios. Cada uno conserva sus reglas y garantías, pero es el mismo juez o jueza quien conoce ambos casos, lo que permite una visión integral de los hechos y evita contradicciones en las resoluciones.

Enfatizó que este modelo fortalece los derechos de quienes enfrentan mayores barreras para acceder a la justicia, priorizando la protección de la infancia, la adolescencia y las mujeres en situación de violencia. Añadió que los tribunales deben ser diligentes en la aplicación de la ley y en el dictado de medidas de protección.

A su vez, la magistrada Julieta Muñoz destacó que la infancia, como grupo vulnerable, no está exenta de los conflictos familiares. En los procedimientos judiciales relacionados con violencia familiar, es fundamental ponderar los derechos de las personas involucradas, garantizando una tutela jurídica adaptada a la infancia.

Puntualizó que el órgano judicial debe abordar los casos desde una perspectiva infantil, no adultocéntrica. El tribunal mixto especializado en violencia, señaló, debe aplicar enfoques simultáneos como la perspectiva de género y de infancia.

Apuntó que, además, cuando existen condiciones de transversalidad —como discapacidad, pertenencia a comunidades originarias o afrodescendientes— el tribunal debe considerar todas las particularidades del núcleo familiar sometido a evaluación.