El grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República presentó una iniciativa de reforma que tiene la finalidad de garantizar el acceso universal a los servicios notariales y así, contribuir a la certeza jurídica en el país.
A nombre de la bancada de Morena en el Senado, la senadora Nora Ruvalcaba Gámez presentó la iniciativa con proyecto de decreto, por el cual se reformaría el artículo 121 constitucional.
De acuerdo con el proyecto, en la actualidad dicho artículo permite que cada entidad fije los horarios notariales, lo cual «genera disparidades significativas».
Por ejemplo, según la propuesta, los costos promedio en actos notariales esenciales, como la constitución de sociedades, testamentos y poderes, oscilan entre 3,500 y 15,000 pesos, que se suman al «alto costo» en las transmisiones de inmuebles.
Esta situación, se explica, «limita el acceso de amplios sectores de la población, especialmente familias de bajos ingresos y emprendedores» a los servicios notariales. Así, las problemáticas identificadas son:
- Concentración de patentes notariales en círculos reducidos, lo cual «favorece el nepotismo y restringe la competencia».
- Altos costos notariales que, dice el proyecto, excluyen a los sectores más vulnerables de la sociedad.
- Déficit en perspectiva social y de género, lo que se refleja en la baja participación de mujeres y en la falta de criterios de inclusión en la designación de notarios.
En este escenario, la reforma propone que los servicios notariales sean regulados por los gobiernos estatales, para garantizar su gratuidad o bajo costo para actos esenciales, que podrían ser:
- Escrituras.
- Testamentos.
- Constitución de empresas.
- Poderes.
- Contratos.
«La reforma busca asegurar que la función notarial cumpla su propósito histórico y social: proteger derechos, dar certeza jurídica, fomentar equidad y garantizar el acceso a la justicia para todos los mexicanos, eliminando barreras económicas y desigualdades derivadas de la regulación actual», se puede leer en la iniciativa.
El planteamiento de la senadora morenista incluye la creación de un sistema de supervisión y control de la función notarial, donde los lineamientos sean establecidos por los propios estados.
«Esto se vincula con la obligación constitucional de los Estados de garantizar servicios públicos eficientes (Artículo 73 y Artículo 115 Constitucionales) y refuerza la seguridad jurídica, protegiendo derechos de los ciudadanos y fortaleciendo la confianza en las instituciones», se lee en el proyecto.
Asimismo, se busca establecer los mecanismos para verificar que los notarios sean abogados con acreditada capacidad y vocación de servicio, con el fin de garantizar que «su labor no esté únicamente motivada por intereses económicos, sino por el cumplimiento de brindar certeza jurídica y proteger derechos fundamentales, especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad».
En caso de aprobarse en definitiva por el Congreso de la Unión, los estados tendrían un plazo de 180 días, a partir de su aprobación, para adaptar sus leyes notariales a la reforma. «Esto garantiza que la transición se realice de manera ordenada, respetando la Soberanía de los estados y asegurando la uniformidad de criterios en la función notarial, conforme a los principios de legalidad y seguridad jurídica».
Además, el Congreso deberá expedir en un año la Ley General de la Función Notarial para definir con detalle los actos que se clasificarían como “esenciales”, los mecanismos de supervisión de los notarios y los criterios de equidad de género y combate al nepotismo.