El Tribunal Supremo de Estados Unidos fijó este jueves la fecha del 5 de noviembre para escuchar los argumentos sobre la legalidad de los aranceles globales impuestos por Donald Trump, lo que supone una importante prueba para una de sus iniciativas más agresivas en materia de poder ejecutivo, fundamental en su agenda económica y comercial.
Los magistrados anunciaron el 9 de septiembre que admitirían a trámite el caso después de que un tribunal inferior dictaminara que Trump se había extralimitado en sus funciones al imponer la mayoría de sus aranceles en virtud de una ley federal destinada a situaciones de emergencia.
Esa sentencia se derivó de las impugnaciones presentadas por pequeñas empresas y por 12 estados de Estados Unidos, la mayoría de ellos gobernados por demócratas:
- Arizona
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Illinois
- Maine
- Minnesota
- Nevada
- Nuevo México
- Nueva York
- Oregón
- Vermont
El Tribunal Supremo, que comienza su próximo mandato de nueve meses el 6 de octubre, también acordó examinar al mismo tiempo otra impugnación de los aranceles de Trump presentada por una empresa familiar de juguetes, Learning Resoucer.
Los aranceles forman parte de la guerra comercial mundial instigada por Trump desde que volvió a la presidencia en enero, que ha alienado a los socios comerciales, aumentado la volatilidad de los mercados financieros y alimentado la incertidumbre económica mundial.
Trump ha convertido los aranceles en una herramienta clave de la política exterior, utilizándolos para renegociar acuerdos comerciales, obtener concesiones y ejercer presión política sobre otros países.
El Tribunal de Apelación del Circuito Federal de Washington dictaminó el 29 de agosto que Trump se extralimitó al invocar una ley de 1977 conocida como Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) para imponer los aranceles.
Sin embargo, los gravámenes siguen vigentes durante el proceso de apelación ante el Tribunal Supremo.