Sepa La Bola
Claudia Bolaños
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, realizó una visita oficial a México y, durante su conferencia conjunta con la presidenta Claudia Sheinbaum, resaltó la importancia del Mundial de fútbol que se celebrará en los tres países que integran el tratado de libre comercio: Canadá, México y Estados Unidos.
Señaló que este evento representa una oportunidad para fortalecer los lazos entre las tres naciones y enfatizó que la derrama económica generada permitirá impulsar inversiones en infraestructura.
Y Sepa La Bola pero
con rumbo al Mundial 2026, también existen alertas sobre la transparencia en el deporte y el manejo de recursos públicos.
Tal es el caso de Sudamérica, donde el fútbol presuntamente se convirtió en vehículo para intereses privados y redes offshore. Tal es el caso Petropar–Doha Holding que expone un patrón que debería preocuparnos: grandes eventos deportivos pueden ser usados para lavar imagen, desviar fondos o legitimar acuerdos opacos. Lo que sucede en Paraguay y la Conmebol no es un escándalo distante, sino una advertencia directa para un país que pronto estará bajo los reflectores del fútbol mundial.
Se dice que el contrato entre Petropar y Doha Holding por 61 millones de dólares no fue solo una compra irregular de diésel. Presuntamente, abrió la puerta a vínculos opacos entre la petrolera estatal, la Conmebol y cuentas offshore que comprometen la confianza en el fútbol sudamericano.
Acusan a Petropar de adjudicar de forma directa a una empresa sin experiencia, y de otorgar prórrogas pese a incumplimientos. Presuntamente, el aval del jeque Khalifa Hamad Al-Thani, aceptado sin respaldo bancario, revela un trato preferencial difícil de justificar.
Se dice que el abogado Julio Ernesto Jiménez Granda, vinculado a Doha Holding, movió fondos millonarios en cuentas de Shanghái y Catar. Presuntamente, sus lazos familiares con Monserrat Jiménez, figura clave de la Conmebol, conectan al máximo organismo del fútbol sudamericano con este negocio.
Acusan a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, de ser único autorizado en una cuenta en Dubái que habría recibido más de 23 millones de dólares desde sociedades en Medio Oriente. Presuntamente, estos movimientos financieros no tienen contratos claros que los respalden.
Se dice que una transferencia de 2,7 millones de dólares a Ahmed Al-Thani, miembro de la realeza catarí, muestra un patrón repetido: dinero que circula entre dirigentes del fútbol y la élite de Catar bajo conceptos poco transparentes.
Presuntamente, este caso no solo pone en entredicho a la Conmebol y a Petropar, sino a las instituciones encargadas de garantizar integridad y control. Acusan que el fútbol sudamericano vuelve a estar bajo sospecha de corrupción.
Se dice que, si se comprueban estas conexiones, la credibilidad del deporte regional sufrirá un golpe difícil de revertir. Presuntamente, la mezcla de intereses deportivos, políticos y financieros amenaza con erosionar aún más la confianza pública. Acusan que este escándalo podría convertirse en un símbolo de cómo el poder y el dinero, sin supervisión, distorsionan tanto el juego limpio como la gestión responsable de los recursos estatales.