El Congreso del Estado de Chiapas aprobó este miércoles la “Ley Ingrid”, reformas al Código Penal para castigar la distribución de imágenes de una víctima con hasta seis años de prisión, tanto a funcionarios públicos como ciudadanos y medios de comunicación que difundan, fotografíen, copien, publiquen imágenes, videos, audios, documentos o evidencia de una investigación penal de casos de violencia de género, feminicidios y otros.
Con la aprobación, el estado de Chiapas se convirtió en la quinta entidad en legislar sobre la protección de la dignidad y privacidad. “La reforma busca evitar la revictimización, protegiendo la intimidad, memoria y dignidad de las víctimas y sus familiares”, declaró el presidente de la mesa directiva, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez.
Al saludar la aprobación de la “Ley Ingrid”, la dirigente de la colectiva feminista 50 más 1, Alma Rosa Cariño, declaró que las reformas al código penal del estado, representa un avance significativo en la protección de los derechos humanos de las víctimas al criminalizar la difusión no autorizada de su imagen o información sensible.
La mayoría de los legisladores aprobaron la adición del artículo 424 Bis del Código penal en materia de delitos cometidos en procuración e impartición de justicia. “La reforma busca garantizar la dignidad y el respeto hacia las víctimas de violencia, para evitar que servidores públicos compartan información que revictimicen”, indicó el legislador.
La diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez, señaló en tribuna que la reforma no busca coartar la libertad de expresión, sino establecer consecuencias para funcionarios que vulneren la dignidad humana. Las sanciones contemplan de dos a seis años de prisión.
“El derecho a la información nunca debe estar por encima del derecho a la dignidad humana”, afirmó al explicar que esta medida tiene como fin evitar la revictimización, discriminación y estigmatización, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Después que la cámara de diputados aprobara el 23 de marzo de 2022 la reformas al Código Penal Federal, con penas de hasta 10 años de prisión, si un servidor público difunde imágenes de víctimas de un delito, el estado de Chiapas, se convirtió en la quinta entidad en legislar con un enfoque de género ante el incremento de la violencia contra mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad.
La reforma busca evitar la revictimización, protegiendo la intimidad, memoria y dignidad de las víctimas y sus familiares, subrayó el legislador de morena.
Al proteger la memoria de la víctima, se refuerza también el derecho de las familias a un proceso justo, con respeto a su bienestar psicológico y sin exposición pública que les cause daño adicional, destacó en entrevista el diputado Avendaño Bermúdez.