En su calidad de Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, la diputada federal Marcela Guerra Castillo alertó sobre el desafío migratorio que vive actualmente México, con especial énfasis en la ciudad de Tapachula, Chiapas, epicentro de los flujos migratorios y punto crítico de atención humanitaria.
En su discurso de bienvenida al taller: “Reflexión sobre el contexto migratorio y de asilo en la frontera sur de Chiapas”, que se realizó ayer, la legisladora subrayó que este espacio busca fortalecer las capacidades analíticas y legislativas, generar propuestas serias de política pública y abrir el diálogo entre autoridades, sociedad civil y organismos internacionales.
“No venimos aquí a maquillar la realidad. Venimos a enfrentarla con propuestas concretas, con sensibilidad social, pero también con responsabilidad presupuestal y legislativa”, enfatizó.
La migración es una crisis que no cede, señaló la legisladora y detalló que en lo que va del año, más de 36 mil personas han solicitado asilo en México, de las cuales más del 65 por ciento lo hicieron en Tapachula, Chiapas.
Indicó que en 2024, México se mantuvo entre los 10 países con más solicitudes de refugio en el mundo, y la tendencia continúa en 2025. Entre enero y mayo de este año, se han registrado más de 40 mil niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad, muchos de ellos no acompañados, huyendo de la violencia, la pobreza o la persecución, mencionó.
Además, dijo que México enfrenta un rezago de 60 por ciento en la atención a solicitudes de refugio, con demoras superiores a 90 días para al menos 21 mil personas. Agregó que esto se suma a las más de 108 mil detenciones migratorias reportadas en el primer cuatrimestre del año, muchas de ellas involucrando a mujeres y familias completas.
En el caso de Tapachula, la diputada explicó se ha convertido en una frontera viva, donde se cruzan la necesidad humanitaria, las carencias presupuestales y el reto institucional. Ahí confluyen miles de personas migrantes que esperan trámites, servicios y oportunidades.
“Tapachula es hoy un laboratorio de política migratoria. Lo que hagamos o dejemos de hacer en esa ciudad, tendrá impacto nacional y regional. Por eso, urge que la Comar cuente con presupuesto suficiente, que no se repita el recorte del 10 por ciento que se le impuso este año”, demandó.
Por ello, llamó a la mayoría legislativa y a la Secretaría de Hacienda a asegurar los recursos necesarios en el próximo Paquete Económico 2026, para que la atención a personas migrantes se dé con dignidad, eficacia y respeto a los derechos humanos.
Guerra Castillo reconoció el trabajo de organizaciones como Fray Matías de Córdova y del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, que han apoyado la propuesta legislativa a la reforma al artículo 111 de la Ley de Migración, para eliminar la detención migratoria de niñas, niños y adolescentes.
En su oportunidad, Joselin Zamora, responsable de comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y Nubia Selene Vásquez, coordinadora del área de Integración Socio-Comunitaria, coincidieron que Tapachula es un punto central para la recepción de personas con necesidad de protección internacional y ahora están llegando las personas deportadas de Estados Unidos.
Manifestaron que es un error la narrativa de que los flujos migratorios han bajado porque invisibiliza a las personas que tienen la necesidad de llegar a Tapachula porque ahí está la oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Señalaron que hay personas que están pasando más de seis meses sin ninguna situación regular en el país, sin ninguna protección y en riesgo de extorsiones.