Durante una conferencia de prensa realizada en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, legisladoras y legisladores de Morena alzaron la voz para denunciar actos de corrupción cometidos durante la administración del exgobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Aseguraron que los recursos públicos del estado de Guanajuato fueron usados para beneficiar a empresas privadas, ocultar información y favorecer intereses particulares, y exigieron que se haga pública toda la documentación relacionada con estos hechos.
Bajo la presentación de dos puntos de acuerdo ante la Comisión Permanente, el senador Emmanuel Reyes Carmona, acompañado de diputadas y senadoras de su grupo parlamentario, explicó que uno de los exhortos está dirigido a transparentar el uso de una residencia de lujo conocida como “la Casa Azul”, presuntamente vinculada al exmandatario. El segundo exhorto, añadió, se refiere a la entrega de la concesión de la autopista Silao–San Miguel de Allende a una empresa privada durante los últimos días del sexenio panista, en condiciones que consideraron opacas y contrarias al interés público.
La senadora Martha Lucía Micher Camarena afirmó que en Guanajuato hay una profunda crisis provocada por prácticas sistemáticas de corrupción. Señaló directamente que el estado no puede seguir avanzando con una nueva administración que encubra los errores y excesos del gobierno anterior. Denunció que se ha utilizado dinero público para financiar proyectos fallidos, comprar terrenos a sobreprecio y privatizar vías de comunicación sin justificación técnica ni legal. Aseguró que la empresa Seguritech, beneficiada con contratos millonarios, está relacionada con la adquisición de la residencia donde presuntamente vive el exgobernador en Houston, Texas. A su juicio, estas acciones retratan una red de tráfico de influencias que ha operado sin sanciones.
Micher también denunció que las carreteras del estado fueron concesionadas sin transparencia, cediendo los beneficios económicos a empresas privadas en lugar de fortalecer las finanzas estatales. Agregó que la compra de terrenos con sobreprecios, así como la falta de resultados en materia de seguridad, dejan en evidencia una estructura de gobierno basada en la corrupción y los moches. Recalcó que, mientras los gobiernos panistas se enriquecían, Guanajuato se hundía en la violencia, el abandono institucional y la desconfianza social.
La diputada María Magdalena Rosales Cruz amplió la denuncia afirmando que el gobierno estatal actuó deliberadamente para enriquecerse y beneficiar a empresas cercanas. Criticó duramente a Seguritech, asegurando que fue protegida a pesar de no haber cumplido su función de garantizar seguridad, ni con cámaras ni con centros de vigilancia. Afirmó que, durante las masacres y desapariciones que marcaron a Guanajuato en la última década, el sistema de seguridad operado por esta empresa permaneció inactivo o encubrió lo que ocurría. Lamentó que este modelo fuera impulsado por funcionarios estatales con una visión entreguista de la seguridad, que incluso llegó a justificar la intervención extranjera.
Rosales relató que el propio Diego Sinhue expresó que México no tenía la capacidad de controlar la seguridad por sí mismo y que solo fuerzas extranjeras podrían hacerlo, lo que para la legisladora refleja una grave traición a la soberanía. Señaló que Seguritech fue contratada en condiciones irregulares desde el gobierno de Enrique Peña Nieto y que, en Guanajuato, no solo no aportó soluciones, sino que ocultó la violencia. Insistió en que los contratos con esta empresa son secretos, están reservados y no se conocen sus montos ni condiciones.
Por su parte, la diputada Alma Rosa de la Vega Vargas afirmó que el estado de Guanajuato está en manos de mafias políticas que, desde el poder, se enriquecen sin rendir cuentas. Criticó la entrega de la autopista Silao–Guanajuato a una empresa privada, lo cual —dijo— le cuesta al estado cientos de miles de pesos al día. Consideró esta decisión como un acto irresponsable y corrupto que violó principios constitucionales, ya que se realizó sin estudios técnicos ni consulta pública, y utilizando recursos federales destinados originalmente a obras públicas.
De la Vega señaló que esta concesión es parte de un patrón de decisiones tomadas al margen de la legalidad, orientadas a beneficiar a grupos específicos mediante prácticas como el peculado y el cohecho. Lamentó que, en lugar de usar esos recursos para atender necesidades urgentes como la salud o la educación, el gobierno panista optó por entregar activos estratégicos del estado a intereses privados, sin importar el daño al patrimonio público.
El diputado Ernesto Prieto Gallardo cerró la conferencia exigiendo a la gobernadora Libia Denisse García que deje de evadir su responsabilidad y haga pública toda la información relacionada con los contratos celebrados con Seguritech. Afirmó que el exgobernador vive en una casa lujosa en Houston cuyo alquiler mensual equivale a más de 80 mil pesos mexicanos, sin que se conozca el origen de sus ingresos actuales. Señaló que esto configura posibles delitos graves como enriquecimiento ilícito, cohecho y encubrimiento, y que la actual administración no puede continuar reservando esta información bajo el pretexto de que afecta la seguridad pública.
Prieto criticó que la gobernadora haya ofrecido mostrar solo fragmentos de los contratos, lo que calificó como un intento de apaciguar la presión pública sin cumplir con la obligación de rendición de cuentas. Aseguró que Morena continuará exigiendo transparencia total y que, si es necesario, acudirán a las oficinas del gobierno estatal para entregar formalmente la solicitud. También pidió que se revisen minuciosamente las concesiones otorgadas durante el cierre del sexenio anterior, pues —dijo— fue un ejemplo claro del llamado “año de Hidalgo”.
Durante la rueda de prensa, las y los legisladores de Morena reiteraron que estas denuncias no se quedarán en el discurso. Afirmaron que ya se han presentado denuncias ante la fiscalía estatal, que se están preparando auditorías y que el Congreso local, junto con la dirigencia de Morena en Guanajuato, continuará impulsando todas las acciones necesarias para castigar a los responsables del desfalco a los recursos públicos del estado. Subrayaron que no se trata solo de irregularidades administrativas, sino de un modelo de gobierno basado en la corrupción sistemática y la impunidad.
“El pueblo de México está despierto, y el de Guanajuato también. No vamos a permitir que sigan robando a nuestro estado mientras lo llenan de violencia y abandono. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, concluyeron las y los parlamentarios.