Con el fin de garantizar la seguridad y la confianza en las instituciones de seguridad pública y las Fuerzas Armadas, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Mario Alberto López Hernández, propuso modificar el artículo 250 BIS del Código Penal Federal (CPF), para aumentar la pena por el delito de falsificación de uniformes, insignias, credenciales, medallas, divisas, gafetes, escudos, documentos y otros elementos que conforman la vestimenta de dichas instituciones, pilares fundamentales para el mantenimiento del orden y la protección de los derechos de los ciudadanos.
Apuntó que estos elementos representan la autenticidad y la legitimidad de las instituciones encargadas de la seguridad en el país, por lo que el delito de falsificación de estos elementos, uniformes, divisas y otros símbolos oficiales representa una amenaza significativa, ya que pueden ser utilizados para suplantar a agentes de seguridad, cometer delitos como extorsiones, robos o incluso actos terroristas, generar confusión o desconfianza en la población y debilitar la autoridad institucional, poniendo en riesgo la seguridad pública.
Señaló que estos símbolos representan la autoridad, el profesionalismo y la legitimidad de quienes los portan, además de facilitar la identificación de los miembros de dichas instituciones por parte de la ciudadanía y otros actores sociales.
“La autenticidad de estos elementos es crucial para mantener la confianza pública y garantizar que las acciones de los agentes de seguridad sean reconocidas y respetadas”, señaló.
Comentó que, además, la utilización de uniformes falsificados puede facilitar la comisión de delitos sin que las víctimas o las autoridades puedan distinguir fácilmente entre lo auténtico y lo falso.
Explicó que históricamente, la falsificación de símbolos oficiales ha tenido repercusiones negativas en la seguridad y el orden social, en algunos casos, grupos delictivos han utilizado uniformes falsificados para infiltrarse en operativos policiales o militares, poniendo en riesgo la vida de los agentes y la población civil. Por ello, resulta imprescindible contar con un marco legal que sancione enérgicamente estas conductas.
En ese contexto, indicó que en la actualidad el artículo 250 Bis prevé penas de cinco a doce años de prisión y hasta 500 días de multa para quienes cometan dicho delito. Señaló que la severidad de estas sanciones refleja la gravedad del ilícito, así como su impacto en la seguridad y la confianza social.
Además, cuando la falsificación resulta en la comisión de delitos mayores o en su utilización para cometer actos ilícitos que pongan en riesgo la seguridad nacional o pública, las penas pueden incrementarse de ocho a quince años.
Insistió que la falsificación de los elementos referidos representa una amenaza a la integridad de nuestras instituciones y a la seguridad nacional, por lo que su propuesta es aumentar la sanción para quedar de 12 a 15 años de prisión y hasta 500 días de multa.
“La exclusividad y protección de estos símbolos oficiales aseguran que sólo quienes cuentan con la autorización correspondiente puedan fabricarlos, distribuirlos y utilizarlos en el ejercicio de sus funciones, por ello, la finalidad de esta disposición legal es proteger la integridad de los símbolos oficiales y prevenir su uso indebido para fortalecer la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y el orden social», destacó.
El ordenamiento señala que comete el delito de falsificación de uniformes y divisas de las Fuerzas Armadas y de cualquier institución de Seguridad Pública, el que sin autorización de la institución correspondiente fabrique, confecciones, produzca, imprima o pinte cualquiera de los uniformes, insignias, credenciales de identificación, medallas, insignias, gafetes, escudos, documentos adheribles, distintivos o piezas que contengan imágenes, siglas u otros elementos utilizados en dichas instituciones.