Con el firme compromiso de fortalecer el marco jurídico para la protección de la riqueza cultural de los pueblos originarios, las diputadas Gissel Santander Soto y Alma Lidia de la Vega Sánchez, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, presentaron una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, con el objetivo de reconocer los saberes tradicionales como patrimonio cultural de la Nación.
Las legisladoras subrayaron que los saberes tradicionales constituyen “un conjunto de conocimientos, prácticas, técnicas, valores, expresiones orales y cosmovisiones” que han sido desarrollados y transmitidos intergeneracionalmente por comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y rurales, y que abarcan aspectos esenciales como la medicina tradicional, la agricultura sostenible, la gastronomía, la organización comunitaria y la gestión del entorno natural y espiritual.
A pesar de su importancia, destacaron que estos conocimientos “han sido históricamente invisibilizados, marginados o considerados inferiores frente a los paradigmas de conocimiento hegemónicos”, lo que ha derivado en su acelerada pérdida frente a fenómenos como el despojo territorial, el cambio climático o la apropiación indebida.
En ese sentido, la iniciativa se fundamenta en el reciente decreto publicado el 30 de septiembre de 2023 que reforma el artículo 2º de la Constitución Política, el cual reconoce a los pueblos indígenas como colectivos que “conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas”. A partir de este nuevo mandato constitucional, se propone dotar a los saberes tradicionales de un reconocimiento explícito dentro del marco legal.
La propuesta contempla la adición de un segundo párrafo al artículo 3 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales para establecer que “la Ley reconoce como parte del patrimonio cultural de la Nación los saberes tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes y equiparables, así como sus formas propias de transmisión, y preservación intergeneracional”.
Asimismo, se plantea reformar la fracción III del artículo 32 de la misma Ley, para que en el marco de la Reunión Nacional de Cultura se propongan políticas que “contribuyan a salvaguardar, promover y difundir los saberes tradicionales, procurando la participación activa de las comunidades y el respeto a su libre determinación”.
Las diputadas resaltaron que la protección legal de estos saberes generaría impactos positivos en múltiples sectores: en salud comunitaria, mediante el reconocimiento de la partería y medicina tradicional; en agricultura, al salvaguardar sistemas como la milpa o las chinampas; en educación, al fortalecer la enseñanza con contenidos locales; en economía, al proteger el patrimonio artesanal; y en medio ambiente, al integrar conocimientos ancestrales en políticas de conservación.
“El reconocimiento jurídico facilitaría su protección frente a la apropiación indebida y fortalecería esquemas de propiedad intelectual colectiva, desarrollo cultural comunitario y economía solidaria”, destacaron.
Además, afirmaron que esta reforma tendría un impacto presupuestal mínimo y permitiría articular acciones ya en marcha a través de programas culturales, educativos y de salud, además de contribuir al cumplimiento de compromisos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Convención de la UNESCO sobre patrimonio cultural inmaterial.
“La propuesta se alinea con buenas prácticas internacionales como las de Bolivia, Ecuador y Perú, donde los saberes ancestrales tienen un marco legal que los protege y promueve”, concluyeron las legisladoras, reafirmando que México debe avanzar hacia una legislación que garantice justicia cultural y preserve los conocimientos que sostienen la vida de millones de personas.