PAN votará en contra debido a que las fuerzas armadas podrán realizar obras sin sujetarse a las reglas de licitación, se incrementarán las adjudicaciones directas y tampoco resolverá el problema de desabasto de medicamentos que se generó en la compra consolidada de BIRMEX: diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN y secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la contratación pública es uno de los sectores más susceptibles a la corrupción, ya sea a través de compras con sobrecostos, pagos a empresas fantasma o licitaciones diseñadas “a medida”. Además, las compras realizadas por el gobierno involucran montos enormes: entre 2018 y 2024, el total destinado a compras públicas federales se elevó a 2.6 billones de pesos.
En ese contexto, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción Morena se negó a realizar un parlamento abierto para analizar las propuestas de la presidenta en materia de adquisiciones y de obras públicas; además, los dictámenes se están aprobando violando el reglamento, ya que no se circularon con los 5 días de anticipación que exige el Reglamento de la Cámara de Diputados.
El dictamen de la Ley de Obras se aprobó el jueves de la semana pasada en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y el dictamen de la Ley de Adquisiciones se aprobará el día de mañana en la misma comisión.
Por ello, el Grupo Parlamentario del PAN votará en contra de los proyectos de la presidenta durante su discusión esta semana en la Cámara de Diputados. Y detalló los riesgos de este nuevo marco jurídico en materia de contrataciones públicas:
– Las obras que realicen las fuerzas armadas estarán fuera de la aplicación de la nueva Ley, lo que dificultará su fiscalización y la transparencia de los datos, además del seguimiento al avance de las obras y los recursos ejercidos.
– Se crean dos procedimientos de contratación que se prestan para la corrupción, el Dialogo Competitivo y Adjudicación Directa con Estrategia de Negociación. Este mecanismo se usó en las compras de medicamentos y llevaron a que BIRMEX se encuentre bajo investigación por 13 mil millones en sobreprecios. Esta situación se debe a que sus funcionarios autorizaron contrataciones a sobreprecios fruto de «negociaciones» con los proveedores.
– Con la adjudicación directa los gobiernos de Morena se convirtieron en los más corruptos, ahora le dan esteroides a este procedimiento con la figura de «Adjudicación Directa con Estrategia de Negociación»; la legalización de los acuerdos políticos en las compras públicas. Morena mete a la ley su política de seleccionar al proveedor a conveniencia y diseñar a conveniencia las condiciones del contrato, en beneficio, claro está, de los contratistas favoritos de la 4T
– Se elimina CompraNet y lo sustituyen por la Plataforma Digital de Contrataciones, pero dicha plataforma carece de garantías para evitar problemas técnicos, o caídas del sistema. Tampoco hay reglas para la preservación de los datos históricos de los contratos registrados en CompraNet, lo que dará márgenes de opacidad al gobierno federal.
– Se mantienen las reglas para facilitar las adjudicaciones directas. Es decir, se podrán seleccionar directamente a los proveedores con criterios muy arbitrarios. Incluyendo:
o Cuando se altere el orden social, economía, servicios, salud, seguridad o medio ambiente por caso fortuito o fuerza mayor.
o -Existan circunstancias que causen pérdidas o costos adicionales justificados.
o Sean compras militares o que amenacen la seguridad nacional o pública.
o Imposibilidad de obtener bienes o servicios por licitación debido a fuerza mayor
o Se busque adquirir bienes de marca específica.
– Bastará con un simple decreto presidencial para clasificar las obras públicas como prioritarias o estratégicas, mismas que no estarán sujetas a la Ley de Obras, ni a los mecanismos ordinarios de transparencia y fiscalización.
o Hay que recordar que este mecanismo ya se usó en el sexenio anterior del expresidente López Obrador para que, mediante decretos, fueran consideradas de seguridad nacional y de interés público la construcción y operación del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, además de los aeropuertos de Palenque, Chiapas, de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo, entre otros.
Lo anterior, luego de que diversos amparos del Poder Judicial habían suspendido las obras por carecer de análisis de impacto ambiental y otra documentación indispensable para su construcción; además de que con esta medida se impidió el acceso a la información de las obras, ya que el INAI había solicitado al gobierno información de estos proyectos que fue negada.
Reduce la posibilidad de contar con testigos sociales en las obras públicas. Actualmente, en las licitaciones públicas participan testigos sociales cuando el monto de contratación supera el equivalente a diez millones de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
o Con la nueva ley, este límite se pone en veintitrés millones de veces el valor diario de la UMA, es decir, se eleva más del doble, lo que restringe la posibilidad de que los testigos sociales supervisen el proceso de contratación y la ejecución de las obras.