La diputada federal Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Víctimas y el Código Penal Federal con el fin de establecer la definición de desplazamiento interno y tipificar el delito de desplazamiento forzado en México.
La también presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, destacó que el desplazamiento interno es una problemática de origen multifactorial que afecta a miles de personas en el país, quienes son obligadas a abandonar su hogar debido a la violencia, conflictos armados, desastres naturales y violaciones a derechos humanos.
“A pesar de que México ha reconocido la existencia de esta problemática, no cuenta con estadísticas y datos poblacionales oficiales que ayuden a visibilizar esta situación”, afirmó Jiménez Vásquez.
Datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022 revelan que en 2021, 831,490 personas cambiaron de vivienda por motivos de seguridad, siendo la región occidente del país la más afectada. Además, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos registró 28,943 personas desplazadas en eventos masivos de violencia en 2021.
“El desplazamiento forzado vulnera los derechos humanos de diversas formas, pues afecta la integridad personal, el derecho de asociación, la protección de la familia, la vida privada y la propiedad de las víctimas”, señaló la diputada a nombre de su bancada.
Jiménez Vásquez subrayó que, aunque algunos estados como Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas han legislado sobre el desplazamiento interno, no existe un marco jurídico federal que garantice una respuesta integral de protección y atención a las víctimas.
“Es urgente reconocer y tipificar el desplazamiento forzado como un delito que vulnera los derechos fundamentales de las personas. Esta iniciativa busca establecer mecanismos de prevención, atención y reparación integral para las víctimas”, declaró la parlamentaria.
La iniciativa también responde a las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han instado a México a adoptar medidas para la protección de las personas desplazadas internas.
“No podemos seguir ignorando una realidad que afecta a miles de familias en nuestro país. Es nuestra responsabilidad legislar para proteger sus derechos y garantizar que puedan acceder a justicia y apoyo”, enfatizó Jiménez Vásquez.
El Grupo Parlamentario de Morena reafirma su compromiso con la justicia social y la defensa de los derechos humanos, promoviendo una legislación que brinde seguridad y garantice el respeto a la dignidad de todas las personas en situación de desplazamiento forzado.