El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) presentó una iniciativa que faculta a la Guardia Nacional para que pueda actuar de manera directa en la protección de los recursos naturales.

La iniciativa, que reformaría las leyes General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; la Federal de Responsabilidad Ambiental, y la de la Guardia Nacional, daría a la Guardia Nacional el marco normativo para que participe en la prevención, investigación y combate de delitos ambientales y colabore directamente en la inspección y vigilancia de áreas naturales protegidas.

Los diputados verdes enfatizaron que las zonas forestales en México tienen una gran importancia social, además de ecológica, ya que el país alberga una gran diversidad de especies y recursos genéticos en sus ecosistemas forestales.

Señalaron que, de acuerdo con el INEGI, sólo en 2023, los costos totales por agotamiento y degradación ambiental ascendieron a 1.3 billones de pesos, que equivale al 4.2 por ciento del Producto Interno Bruto.

En cuanto a denuncias por delitos ambientales, indicaron que, de 2017 a 2021, se abrieron 5 mil 829 carpetas de investigación, de las cuales 50.5 por ciento se concentraron Campeche, Chiapas, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán, estados que cuentan con el mayor porcentaje de recursos naturales y biodiversidad del país.

Sin embargo, indicaron que existe un importante porcentaje de delitos que no se reporta y, en consecuencia, no se persigue, en parte por la poca capacidad institucional que existe para atender esta problemática.

Lamentablemente, abundaron los legisladores del Partido Verde, los esfuerzos para combatir estos delitos recaen principalmente en las autoridades ambientales y locales que no cuentan con recursos suficientes.

Sin embargo, la Guardia Nacional, que cuenta con despliegue nacional y capacidades operativas avanzadas, por lo que puede desempeñar un papel crucial en la prevención y combate de los delitos ambientales.

Con la iniciativa, apuntaron, se otorgaría a la Guardia Nacional competencia explícita en esta materia para no limitar su intervención y eficacia en la protección de los recursos naturales.