Fundar presentó un informe titulado “Redefiniendo la Corrupción desde un Enfoque de Género y Derechos Humanos”, en el que plantea la necesidad de transformar las políticas anticorrupción en México. El documento resaltó cómo la corrupción afecta de manera diferenciada a las mujeres y grupos históricamente vulnerados, proponiendo medidas concretas para prevenir, investigar y reparar las consecuencias de este fenómeno.
En el documento, la ONG cuestionó el enfoque punitivista de las políticas anticorrupción en México, como la implementación de la prisión preventiva oficiosa para delitos como el enriquecimiento ilícito y el ejercicio abusivo de funciones.
El informe subrayó que esta medida no sólo contraviene estándares internacionales de derechos humanos, sino que también afecta más gravemente a las personas con menos recursos, entre ellas las mujeres.
El informe propone un cambio estructural en las políticas anticorrupción mediante las siguientes acciones:
Crear sistemas de información abiertos que permitan desagregar datos por sexo, edad, etnia y otros indicadores relevantes; implementar mecanismos de control y transparencia para evitar desvíos de recursos en sectores como salud y educación; garantizar una reparación integral a las víctimas de corrupción, con especial atención a los impactos diferenciados en mujeres y niñas.
Además, eliminar la prisión preventiva oficiosa para delitos de corrupción y optar por medidas restaurativas que no violen el debido proceso; incluir a las mujeres y grupos vulnerados en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas anticorrupción, y promover mecanismos de justicia comunitaria y restaurativa como alternativas al encarcelamiento excesivo.
“Para impulsar cambios estructurales es necesario que las instituciones y los agentes involucrados promuevan un diálogo activo sobre las agendas anticorrupción, de derechos humanos y feminista, integrándolas todas”, señaló el informe.
Además, se consideró que las víctimas directas e indirectas de los actos de corrupción deberían estar en el centro del análisis y evaluación de ésta y deben tomarse en cuenta; también, que se “implementen mecanismos integrales de protección para personas que alertan o denuncian actos de corrupción”.