Por Víctor Barrera

La tan famosa cuesta de enero en el país, seguirá siendo el parámetro del poder adquisitivo de los que habitamos México, y es que será en este mes cuando empiecen a darse algunos incrementos de productos que impactaran de manera importante en nuestra economía familiar.

De acuerdo a las reglas, el precio de los servicios y tarifas que ofrece el estado tendrán un incremento igual al nivel de inflación que tengamos a final de este año y que podría ser cerca de 4.7 por ciento.

Este incremento, que se aplicara a combustibles, también será en los productos básicos y la cadena de suministro, por lo que el precio al consumidor tendrá un incremento que en cada paso de esa cadena se aplique y que, como siempre, el consumidor final será quien pague esto.

Anteriormente, esta avalancha de incrementos era más o menos atenuada por los organismos autónomos, principalmente por la Cofece, que está en proceso de extinción, y que sus funciones podrían ser absorbidas por la Secretaría de Economía.

Al no existir este organismo autónomo, y mientras no existan las reglas secundarias que soporten la operación de la secretaria de estado para aplicar algunas sanciones a quien ose incrementar un precio o ponerse de acuerdo entre varios para colocar un precio, los mexicanos sufriremos, posiblemente, de abusos por parte de muchos comercios.

El tema de insumos como el gas LP, que es utilizado por muchas familias, debe ser abordado de inmediato, como lo ha hecho Claudia Sheinbaum al mantener el precio máximo de este combustible, por lo que es muy probable que todos los distribuidores de este insumo utilicen el precio máximo de venta, por ello es necesario que se aterrice las reglas secundarias y de operación de la dependencia descentralizada que ocupe el espacio de la Cofece, para establecer un mercado de libre competencia, pero también asegurando que los precios de los productos no impacten de manera importante en los niveles de inflación y por supuesto en los bolsillos de los consumidores.

En la administración pasada, este tema fue abordado de manera distinta y se creó la empresa Gas Bienestar, que al parecer no tuvo los resultados positivos, porque este no se aplicó en toda la república.

En la ciudad de México solo algunas alcaldías cuentan con este servicio. Sin embargo, desde hace algunos meses el precio del gas bienestar que se distribuye es casi similar al precio del gas que distribuyen los particulares y si a esto sumamos que los trabajadores de la empresa Gas Bienestar piden una «propina” por hacer el trabajo que se les paga un salario, entonces el precio de Gas Bienestar es igual al de los particulares, eliminado con ello cualquier beneficio que pudiera tener el consumidor.

Si a esto se suma que, para ser beneficiario de la empresa del gobierno, es necesario comprar el cilindro, el costo de este energético, por lo menos la primera vez supera por mucho el precio de los particulares.

Eso solo es un ejemplo, a hora póngase a pensar que en otros productos podría haber incrementos que impacten la economía familiar y si no existe una dependencia que sancione los abusos por los incrementos de precios, la cuesta de enero próximo podría ser una de las más difíciles para los mexicanos.