La diputada Laura Ballesteros Mancilla (MC) recibió a organizaciones de la sociedad civil y estudiantes, quienes presentaron un análisis e informes técnicos y argumentos de por qué no se debe militarizar la seguridad pública del país, en el marco de la aprobación del dictamen de la reforma a la Constitución Política en materia de la Guardia Nacional.
“No podemos ceder la capacidad y el poder civil del Estado mexicano y eso es lo que está hoy en juego”, indicó en rueda de prensa acompañada de representantes de las organizaciones civiles Intersecta, Data cívica, México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) y representantes estudiantiles de universidades.
La también secretaria de la Mesa Directiva refirió que las constituciones pasadas y la vigente han sido muy cuidadosas al dividir el poder civil del poder militar.
“Nosotros respetamos a las Fuerzas Armadas. Esto no es una crítica hacia sus funciones militares, esto es una crítica cuando entren en funciones civiles ya de facto y a la militarización absoluta de la seguridad pública, que además quedará sin rendirle cuentas a la autoridad civil”, expresó.
Aseguró que la reforma busca militarizar la Constitución. “Aquí van a presenciar una aplanadora, como en los viejos tiempos, construida con una mayoría artificial otorgada por la burocracia electoral”.
En declaraciones a representantes de medios de comunicación aparte, la diputada afirmó que MC no votará a favor de dicha reforma de la Guardia Nacional, porque “es claro que ha habido una estrategia fallida de seguridad en el país en los últimos años que empezó el expresidente Felipe Calderón, la continuó Enrique Peña y la siguió Andrés Manuel López Obrador”.
Por eso desde Movimiento Ciudadano hemos abogado siempre por la construcción de paz, más que por la declaración de guerra al crimen organizado; “la reforma de la Guardia Nacional y del Poder Judicial van de la mano, ya que dicho poder era la última trinchera antimilitarista del país”.
Consideró que se debería apostar por la capacitación y fortalecimiento de las policías y la autoridad civil, ya que señaló que la Guardia Nacional tendría que cumplir con ser un apoyo extraordinario, fiscalizado, normado, complementario y subordinado bajo la autoridad civil.
Por su parte, la directora ejecutiva de la organización Data Cívica, Mónica Meltis Vejar externó su preocupación por la aprobación de dicha reforma porque se afianzaría a nivel constitucional y de forma permanente una estrategia que genera riesgos importantes para los derechos humanos y la democracia, a la vez que no atiende de manera adecuada la violencia en el país
Por ello, hizo un llamado a la LXVI legislatura para que considere con detenimiento la aprobación de esta reforma constitucional y que se escuche la pluralidad de las voces. “Creemos que esta reforma requiere una discusión calmada que brinde elementos necesarios para la toma de decisiones de dicha iniciativa trascendental en la vida pública del país”.
En su oportunidad, el representante de MUCD, Jonathan De Vicente Encarnación, dijo que la iniciativa busca reformar el artículo constitucional 129, el cual es el candado democrático para la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad.
“Esta reforma pone en riesgo la democracia, así como el derecho a la seguridad, por ello instamos a la Cámara de Diputados y al Senado a rechazar esta iniciativa y a plantear alternativas de seguridad ciudadana y a que se respeten los lineamientos que existen actualmente para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad”, agregó.
Estudiantes del movimiento Generación del 24 reiteraron su convicción a la defensa de los valores democráticos y apartidistas que los sostienen, por lo que señalaron que la reforma quebranta el futuro democrático del país, ya que consideraron que la seguridad pública debe estar en manos de las instituciones civiles, comprometidas con la protección de la ciudadanía y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Reconocieron que la seguridad es una prioridad nacional; sin embargo, sostuvieron que ésta debe garantizase bajo el liderazgo de manos civiles, con mecanismos de rendición de cuentas claro y efectivo.
“Venimos a proponer que se haga un bloque de paz que asegure el derecho al futuro próspero, la única forma de llegar a ello es a través de este diálogo, pluralidad y propuestas eficientes que cumplan con los estándares internacionales y nacionales sobre la seguridad pública”, finalizaron.