Por Víctor Barrera
Es cierto, que de acuerdo a nuestra Constitución Política existen tres poderes en el país y estos son independientes entre si para evitar que la unión de algunos de ellos rebase al tercero y con ello eliminar cualquier acción que pudiera estar en contra de los derechos fundamentales de la población.
Sin embargo, esto no exenta para que estos poderes puedan ponerse de acuerdo con el objetivo de alcanzar mejores beneficios parala nación y la población.
Esto último, al parecer, se les ha olvidado a los legisladores de la coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia, que han aprobado cada una de las modificaciones y reformas de ley que ha enviado el aun inquilino de Palacio Nacional sin detenerse a analizar los pro y contra de esto.
Ahora para terminar la legislatura, aprobaron una serie de modificaciones a las propuestas enviadas por el tabasqueño, que en el corto plazo podrían dar un vuelco negativo en cuanto a los derechos fundamentales de todos los mexicanos. Además de inhibir la participación de capitales privados para continuar con el desarrollo y crecimiento, en todos los sentidos, en el país.
Estas modificaciones y reformas de ley, como lo he mencionado en varias entregas, perjudicaran la aplicación de una ley, justa y solo se inclinará hacia lo que favorece al grupo en el poder, esto es, se reinstala nuevamente un partido hegemónico que probablemente tendrá más negativos que positivos.
Se ufana, los legisladores, que en lo que respecta a la reforma del Poder Judicial se realizaron 100 modificaciones, al texto original, sin embargo, el resultado es elegir a través del voto popular a quienes ocupen cargos en el poder Judicial, no garantiza una independencia del partido en el poder.
Ya antes, estos legisladores, habían modificado el proceso de amparo, donde nadie podría ocupar esta figura jurídica para evitar una decisión del Ejecutivo, por lo que se abre ahora la oportunidad que quien ostente el poder Ejecutivo, tenga la oportunidad de realizar cualquier acción amparado en esta modificación sin ofrecer alguna justificación por delante.
Además, se modifican las leyes que sustentan la acción del organismo autónomos, creados por iniciativa de la sociedad civil, para establecer un contrapeso que garantizará mayor claridad en el manejo de los recursos públicos, ahora con su posible desaparición y sus funciones serán absorbidas por la secretaras de estado, esto se traduce en un retroceso para transparencia y competitividad en el país
Por supuesto que el sector empresarial nacional, empieza a manifestar su desacuerdo y con ello evitar que esas modificaciones y reformas sean aprobadas por el poder Legislativo que entrara a partir del 1 de septiembre. Señalan que estos cambios a las leyes establecidas serán un retroceso en los derechos fundamentales en el país y por supuesto ante un estado de derecho no habrá garantía para los inversionistas en la protección de sus capitales y bienes dentro del país.
Esto en el corto plazo podría convertirse en una desaceleración más pronunciada de la economía del país con consecuencias en el número de empleos creados, salarios más precarios y por supuesto un crecimiento económico menor cada año. Porque no habría recursos económicos para seguir generando la riqueza s que el estado garantice la operación efectiva de los servicios que ofrece a la población, energía eléctrica, combustibles, seguridad pública, agua, sistema educativo y de salud, entre otros.
Sin embargo, aún queda un dique para evitar este desatare y es que las autoridades electorales decidan analizar de manera profunda las leyes para evitar una sobrerrepresentación de los legisladores de la coalición triunfadora en los comicios electorales y se logre una repartición de escaños legislativos más equitativa respetando la voluntad de los ciudadanos y contener la posibilidad de modificar la Constitución a su antojo y avanzar con el Plan C.