Los delitos de extorsión; narcomenudeo; producción, distribución y tráfico de drogas sintéticas (como el fentanilo); defraudación fiscal, y la emisión ilícita de comprobantes fiscales fueron integrados al catálogo de delitos para prisión preventiva oficiosa, así lo determinaron legisladores que integran la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
A través de una reserva de morena se impedirá que los jueces e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación puedan liberar personas mediante una interpretación legal o constitucional.
Al respecto Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, reconoció que el objetivo es evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda “brincarse” resoluciones del Congreso.
En caso de que una sentencia o recomendación de un organismo internacional “riña con un precepto de la Constitución o de alguna ley, que la Corte no lo tome como si fuera cámara legislativa, no se dedique a resolver si se aplica o no la Constitución, sino que lo remita al Congreso”, argumentó.
Durante los posicionamientos el coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, advirtió que diversos organismos internacionales han advertido que la prisión preventiva oficiosa “lesiona” las garantías individuales. Resaltó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso, la declaró contraria a los principios fundamentales del derecho penal, por lo que en enero de 2023 le pidió al Estado mexicano eliminar dicha figura.
La panista Paulina Rubio alertó que la ampliación del catálogo de delitos que ameritan dicha medida cautelar perjudicaría sobre todo a las personas más pobres, pues son ellas quienes tienen menos recursos para pagar una defensa legal adecuada. De igual manera, señaló que la propuesta genera “efectos perversos” para que las fiscalías utilicen esta “salida fácil”.
Por su parte Braulio López, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, puntualizó que la prisión preventiva oficiosa ha sido considerada por diversos especialistas y organismos como una medida violatoria de la presunción de inocencia, además constituye una “salida falsa en materia de seguridad” y contraria al sistema penal acusatorio.
Recordó que en años recientes se han añadido al catálogo más de 20 tipos penales distintos –entre ellos el feminicidio, el abuso sexual, la desaparición forzada y los delitos electorales–, sin que por ello se haya reducido la comisión de esos delitos. “No nos vayamos con un populismo punitivo que ha hecho mucho daño”, pidió.
El morenista, Leonel Godoy consideró que en la discusión se dejaban de lado los derechos de las víctimas, para hablar sólo de los del presunto delincuente, e insistió: “la prisión preventiva oficiosa debe mantenerse, porque si dejamos en libertad a los que hoy están detenidos, pueden ser doblemente peligrosos. La coyuntura amerita la ampliación del catálogo y, en su momento, en unos años, revisaremos” si la reforma fue eficiente o no.
El dictamen, que deriva de una iniciativa presentada el 5 de febrero de 2024 por el Ejecutivo Federal incluye diversas iniciativas presentadas por diputadas y diputados. Se avaló en lo general con 26 votos a favor y 14 en contra y en lo particular con 20 en pro, 14 en contra y una abstención. Se remitió a la Mesa Directiva para efectos constitucionales.