Por Víctor Barrera
Se terminaron las campañas políticas y es el momento de regresar a la realidad y mirar lo que hasta ahora deja este sexenio.
Algo obligado es la reforma que se hizo a la ley de pensiones, la cal pone en riego, hasta ahora, los ahorros de los trabajadores de 75 años o más que no tengan activa su cuenta en su afore.
Tan solo esta reforma dejará al gobierno federal manejar, a su antojo, 40 mil millones de pesos que se encuentran en esas cuentas. Pero como no alcana para fortalecer un fondo de Pensiones, es muy probable que existan otras modificaciones para poder utilizar todas las cuentas inactivas y el siguiente paso será utilizar todas las cuentas para que las administre el gobierno y si se pierden no hay, nada que obligue al gobierno a resarcir la perdida
El inquilino de Palacio de Nacional, ya publicó en el Diario Oficial de la Federación, que aprobaron los legisladores sometidos al Presidente, es que esas cuentas individuales pasen “sin necesidad de resolución judicial, al Fondo de Pensiones para el Bienestar”, lo cual es claramente contrario a la propia Constitución Política Mexicana.
En nuestra Constitución los primeros artículos que se refieren a los derechos de los mexicanos y apuntan que nadie puede ser molestado en sus bienes solamente mediante un juicio que se realicé en tribunales. Pues ahora ya no es necesario, esto gracias a los legisladores de Morena, PT, PVEM que aprobaron uno de los últimos caprichos de su “jefe”, reforma que golpea a un grupo vulnerable como los adultos de la tercera edad.
Afortunadamente, los legisladores de oposición, han presentado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma para echarla atrás.
Será la SCJN quine decidirá si procede o no esta reforma legal, es decir es el ultimo punto que tiene la ciudadanía para evitar que los recursos de sus ahorros sean trasladados a las cuentas del Ejecutivo.
Es por ello que este punto también deberá ser tomado en cuenta por la ciudadanía para elegir no solo a quien ocupe el cargo de titular del poder Ejecutivo, sino también elegir a quienes ocuparan los cargos en el poder Legislativo, es decir, nuestros representantes en el Senado de la República y principalmente en la Cámara de Diputados, que podrían tener también la oportunidad de aplicar una contrarreforma a la ley de pensiones y algunas otras modificaciones de ley para ir eliminando a los órganos autónomos, que formaron parte de un contrapeso al poder ejecutivo y que ahora no son ni siquiera una mínima parte de lo que eran.