La reforma constitucional que permitiría establecer el pago de pensiones y jubilaciones en pesos y no en Unidades de Medida y Administración (UMA), que ya estaba lista para tratar en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, tuvo marcha atrás.

El presidente de esa instancia parlamentaria e integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Juan Ramiro Robledo, anticipó que propondría al Pleno el retiro del proyecto de cambios al artículo 123 de la Carta Magna, en materia de la base de cálculo de las prestaciones de seguridad social, para que no se discuta todavía.

Antes de ponerlo a consideración de la Comisión y que llegue al Pleno del recinto, agregó, se debe evaluar el gran impacto presupuestal que tendrá esa medida.

Ello, aunado a que la Secretaría de Hacienda (SHCP) ya alertó sobre el alto costo para la administración pública federal que tendría implementar esos cambios.

“Eso tiene un impacto muy importante en las finanzas públicas porque o paga el ISSSTE o paga el IMSS, es decir, el erario público del país, entonces la Secretaría de Hacienda está diciendo que tiene un fuerte impacto presupuestal y nosotros le vamos a solicitar, voy a pedir retirarla del orden del día, para verla en una siguiente sesión”, indicó Robledo Ruiz.

Agregó que se harán “corridas financieras” sobre el costo de los cambios constitucionales señalados.

Pensiones en salarios mínimos

El congresista recordó que el propósito del proyecto es pasar el pago de pensiones y jubilaciones a salarios mínimos, y no en UMAS, como se estableció el sexenio anterior, desde 2016.

Apuntó que en esta administración, el salario mínimo se ha elevado de manera considerable, con el fin de incrementar el poder adquisitivo de la población.

El monto subió, en el transcurso del sexenio, de 88 pesos aproximadamente, a 207.4 pesos este 2023, y se prevé que en 2024 llegue a 240 o 250 pesos diarios, lo que “dejó atrás” a las UMAS, parámetros establecidos para fijar los montos de multas, sanciones y penalizaciones administrativas, tasadas este 2023 en 103.7 pesos.

“Pero ahora pues las pensiones se pagan en UMAS porque así empezó a pagar el ISSSTE”, posteriormente el IMSS, hecho que se consolidó a través de la emisión de resoluciones judiciales e incluso decisiones de jueces.

Para revertir la situación, como demandan los trabajadores jubilados y pensionados, indicó, lo que se requiere es una reforma constitucional.

No obstante, para aprobarla, se requiere tener certeza de que las arcas públicas resistirán el costo financiero cuyo impacto no se ha calculado, pero implicaría miles de millones de pesos cada año, alertó.