La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que no cumplirá la orden de devolver a Emilio Lozoya una residencia valuada en 38 millones de pesos, ubicada al poniente de la Ciudad de México.

En un comunicado, la FGR rechazó el criterio de la Jueza Federal Ana Lilia Osorno Arroyo, considerándolo inaceptable. Argumentaron que la jueza negó la aplicación obligatoria de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, alegando una retroactividad que va en contra de la misma ley.

El texto enfatizó que la Ley Nacional de Extinción de Dominio establece de manera contundente que ningún acto jurídico sobre bienes afectos a la extinción de dominio puede ser legitimado.

El inmueble que Emilio “L”, adquirió ilegalmente con fondos provenientes de lavado de dinero, sigue asegurado y no será devuelto. El criterio de la Jueza Federal Ana Lilia Osorno Arroyo es inaceptable, al negar aplicación obligatoria de la Ley Nacional de Extinción… pic.twitter.com/Qir4IEJJMN

Además, afirmaron que los procedimientos de extinción iniciados después de la entrada en vigor de la ley son legales, independientemente de la fecha en que haya ocurrido el hecho ilícito (Artículo 12 y 6º Transitorio). La FGR señaló que estos artículos y la ley respectiva fueron respaldados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la revisión de la norma.

La Fiscalía detalló que está presentando el recurso de apelación correspondiente dentro del plazo legal establecido. Se comprometieron a informar en su momento sobre los argumentos que la FGR presentará al respecto.

Destacaron que la propiedad en cuestión está legalmente asegurada en otro procedimiento penal por delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, independientemente de la situación actual.