Un juez de distrito frenó por tiempo indefinido la orden de aprehensión o presentación que se haya librado en contra del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y de sus familiares,
Juan Fernando Alvarado López, titular del Juzgado Séptimo de Distrito con residencia en Tamaulipas, le concedió la suspensión definitiva a García Sepúlveda, quien argumentó que hay una persecución política en su contra, ya que se ha hecho uso indebido de la Fiscalía de Nuevo León y del Poder Judicial de aquella entidad, así como de la Fiscalía General de la República (FGR) para fincarles responsabilidades respecto a diversos delitos que no han cometido, con la única intención de que se aparte de la vida política nacional y del estado de Nuevo León.
El impartidor de justicia precisó que el mandatario estatal cuenta con fuero, motivo por el cual no se puede proceder penalmente en su contra.
Detalló que la medida cautelar es para el efecto de que las autoridades se abstengan de solicitar audiencia inicial y en aquellas donde ya se ha realizado, el juez de la causa deberá suspender la carpeta judicial.
También se le deberá garantizar el derecho de audiencia y de una adecuada defensa; dar el acceso a las carpetas de investigación con el fin de que se imponga de las constancias que integran dichas indagatorias.
Alvarado López enfatizó que de llegar a ser ciertos los dichos de Samuel García, podría estarse en presencia de lo que la corriente doctrinal moderna denomina «Lawfare», que no es otra cosa que el empleo de las instituciones de justicia del Estado con fines políticos, haciendo uso de procedimientos que aunque en apariencia son legales, tienen un trasfondo político.
Lo anterior, agregó, ha llegado a denominarse como el uso perverso del derecho; tema sobre el cual, al haber sólo investigaciones recientes, no existe criterio jurisprudencial definido por la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN), ni por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para establecer cómo debe procederse en estos casos en el juicio de amparo.
Indicó que en el fenómeno del «Lawfare», puede hacerse uso de diversos operadores como jueces, fiscales y demás funcionarios administrativos, quienes pueden participar en los procedimientos de forma consciente o inconsciente y en algunos casos de forma dolosa, de quienes en todo caso debe revisarse su actuación para establecer si actuaron de forma profesional, objetiva e imparcial.