Por Víctor Barrera
Cuando se pensó en la autonomía de la fiscalía general de la República (FGR), y por ende de las estatales, se hizo con el objetivo de que el sistema de justicia en México no fuera controlado por los gobiernos, federal y estatales, y que este no operará bajo el sistema de tráfico de influencias y la aplicación selectiva de justicia.
Se busco que la cárcel fuera para quien cometa un delito y que no se llene por gente de escasos recursos víctimas de una inoperante y corrupta justicia que se aplicaba de acuerdo a la cantidad de recursos económicos que la gente presentará.
Fue en 2014 cuando a través de la aprobación de la autonomía a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) para convertirla en una Fiscalía autónoma con fundamentos y decisiones jurídicas apegadas a la ley, se renovaría el sistema jurídico nacional.
Además de profesionalizar a los ministerios públicos, brindar independencia a las investigaciones judiciales y garantizar el principio de imparcialidad en materia procesal.
A Andrés Manuel López Obrador le toco la oportunidad de poner al frente de la FGR a alguien que pudiera demostrar que la justicia no se politiza, se compra o se hace con las entrañas, sino con la ley en la mano.
El tabasqueño propuso a Alejandro Gertz Manero, a quien durante años se le consideró como una persona experimentada en el tema de justicia, y se aprobó su nombramiento por el Congreso de la Unión a través del Senado de la República, se aplaudió y se exclamo que la justicia en México seria realidad y que los viejos vicios acabarían de la noche a la mañana.
Pero al paso del tiempo lo lamentable se presentó. Esto a través de la filtración de una supuesta llamada entre el fiscal general, Gertz Manero y un fiscal especializado de control, Juan Ramos López, donde se entiende que Alejandro Gertz accedió al proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que buscaría dejar en libertad a Alejandra Guadalupe Cuevas Morán, acusada del homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del servidor público.
Esto muestra al fiscal esta más ocupado por sus problemas personales y no está realizando el trabajo que le corresponde, que es buscar la manera que se lleve a la cárcel a culpables y que la justicia no se pague fuera de los juicios.
Pero en lugar de ello, optó por lo mismo de antes: justicia selectiva, carpetas de investigación para amenazar adversarios y perdón para los aliados.
La autonomía de la fiscalía requería voluntad política, tiempo y dinero para reconstruirla desde adentro. Sin embargo, López Obrador y Gertz Manero han apostado por ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, algo que sigue llenado las cárceles de inocentes y que en la mayoría de los casos no tienen recursos para pagar su defensa, tal y como lo ha declarado el ministro presidente de la SCJN Arturo Zaldívar.
Gertz Manero se ha convertido en lo que se procuraba dejar a tras un funcionario que opera a su favor utilizando recursos e institutos de los mexicanos para su beneficio, al amparo de López Obrador.
Esto también hace pensar que la justicia sigue siendo comprada y por ello el aumento de la violencia en el país, donde la gente que tiene un poder económico puede comprar la justicia, donde se arreglan las cosas culpando al más débil manteniendo un sistema de justicia corrupto, donde el poderoso goza de privilegios y el cambio que esperábamos seguirá guardado para los próximos años.
