El Tribunal a Superior de Justicia (TSJ) que encabeza el magistrado Rafael Guerra Álvarez, se manifiesta a favor de que en la iniciativa de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, el eventual Centro Nacional de Justicia Alternativa sea parte del Poder Judicial, acorde a lo que estipula el artículo 17 constitucional.
Esto, en el sentido de que la justicia es administrada por los tribunales y que se deberá privilegiar la solución de los conflictos por encima de formalismos procedimentales.
En el marco de los foros organizados por el Senado de la República como parte del proceso para construir la citada legislación, el órgano judicial capitalino ha sostenido que los mecanismos alternativos forman parte integral de los poderes judiciales, como autoridades que imparten y administran justicia.
Contra algunas posturas en esa discusión que plantean sacar del ámbito judicial algunos aspectos como la certificación de mediadores privados para trasladarlos a entes del Ejecutivo, el PJCDMX enfatiza que los mecanismos alternativos de solución de controversias, de acuerdo con la Constitución, recaen en el poder judicial, ya que de ahí surgieron los centros de justicia alternativa.
Esto, con el propósito de administrar y sustanciar los medios alternativos para la atención de los conflictos de diversa naturaleza, lo que los ha convertido en parte fundamental y privilegiada del sistema integral de justicia en el país.
En ese sentido, el órgano judicial capitalino subraya la necesidad de que la Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias, que actualmente se formula con la opinión de los sectores involucrados, conserve la naturaleza que marca la Constitución, a fin de que, una vez aprobada, aporte al desarrollo de la materia y se evite que la negociación, mediación, conciliación, evaluación neutral, amigable composición y el arbitraje se corrompan o presten a malas prácticas.
El PJCDMX también pugnará porque la función y actividad de la figura de los mediadores privados sea supervisada y monitoreada por el Centro Nacional de Justicia Alternativa,
El objetivo es que desde ese ente se garantice no sólo los altos índices de competencia, sino verificar la buena práctica y desarrollo de los medios alternativos de solución de controversias.
Esto, porque los mediadores públicos ejercen una función pública complementaria a la administración de justicia bajo el esquema de descentralización por colaboración.
Su única intención es la de contar con mayor apoyo para extender los servicios a la población, pero siempre certificados y registrados por los tribunales.