El Poder Judicial en México es víctima de una campaña de desprestigio y de ataques en su contra. Las y los ministros reciben amenazas desde el Poder Ejecutivo, incluso de muerte en eventos promovidos por funcionarios públicos, y las y los jueces son señalados y perseguidos. Estos hechos ponen en riesgo la autonomía para impartir justicia a nivel federal y estatal.
Para evitar que las presiones y el recorte al presupuesto del Poder Judicial dañen aún más su autonomía, en nombre de la Bancada Naranja el coordinador Jorge Álvarez Máynez, presentó un paquete de iniciativas para fortalecer sus decisiones y que el Estado proteja su independencia.
Se propone establecer en la Constitución la garantía contra presiones externas como principio de la independencia judicial. Para evitar que jueces, magistrados y ministros reciban amenazas, se debe reconocer su derecho de no ser reconvenidos por sus opiniones, y que el Consejo de la Judicatura implemente mecanismos de protección cuando se encuentren en riesgo. Así como establecer la obligación a los servidores públicos de los tres poderes de acatar las decisiones judiciales, y abstenerse de ejercer presiones para resolver en determinado sentido.
Por ello, también se propone que el Poder Judicial de la Federación y en los Estados, ejerzan su presupuesto con autonomía y transparencia, como establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Reformar los artículos constitucionales 94, 116 y 122, para que el recurso asignado no sea inferior al dos por ciento del ejercicio fiscal inmediato.
Frente a los ataques que intentan vulnerar y desprestigiar al Poder Judicial, prevalece su función como garante del equilibrio de poderes constitucionales, y el actuar libre y sin condicionamientos de la Ministra Presidenta Norma Piña. La única forma de proteger nuestros derechos, nuestra libertad y nuestra democracia, es respaldar y exigir un actuar sin presiones al Poder Judicial.