Por Víctor Barrera
A cinco años de la presente administración, es lamentable ver que el prometido cambio se convirtió únicamente en la búsqueda de centralizar el poder y modificar la estructura legal con el objetivo de permitir la permanencia de este, aun cuando no haya resultados favorables para la población.
El inquilino de Palacio Nacional ofreció una propuesta distinta: con un partido, movimiento, distinto, porque este sería más cercano a la gente y atendería los diferentes problemas desde la raíz con el objetivo de erradicarlos.
Sin embargo esto no se ha aplicado y solo ha destruido lo que muchos años costo construir para tener un país medianamente ordenado y con organismos que pudieran vigilar y en su caso sancionar los procedimientos de cualquier poder que sobrepasara sus funciones.
López Obrador y Morena, gobiernan una extensa cantidad del territorio nacional con 22 estados de la república, pero solamente ha demostrado que las promesas y discursos de campaña se quedaron ahí, porque los problemas siguen ahí y aun más intensos, más grandes.
La pobreza aumento en 4 millones de personas, la inseguridad se ha acentuado de tal manera, que los mexicanos ya observan este mal como algo cotidiano, porque aun cuando se exige que las autoridades actúen, estas no responden al clamor popular.
También la impunidad sigue prevaleciendo y aun cuando se prometió por parte de este gobierno federal y los estatales, emanados de Morena, que trabajarían bajo los conceptos de “No mentir, no robar y no traicionar”, no se ha mostrado nada de ello.
Se juro hacer cumplir y valer la leyes que de la Constitución emanan, pero se han modificado de tal manera que actos que antes eran violatorios de nuestra carta magna ahora son parte de una estrategia política para imponer un poder y controlar todo, las cámaras, los congresos, los municipios, las gubernaturas, los órganos autónomos e imponer su visión de país y de Estado debilitado, ilegal, con continuas tendencias a la violación del Estado de derecho.
La opacidad en el manejo de los recursos públicos resulta en el caldo de cultivo para generar mayor corrupción e impunidad.
El exponencial uso del ejército para realizar labores que van mas allá de salvaguardar la seguridad nacional, lo convierte simplemente en un sector sumiso. Y en herramienta para amedrentar a la sociedad llegando a actos de atentado y agresión física a la población.
Todo esto bajo la complicidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que se ha convertido en un órgano dependiente del gobierno federal.
Pero lo más lamentable es que todo ello sucede también con la complicidad de los partidos de oposición, que perdieron el poder y buscan mantener algo de ello aun cuando la prenda de cambio se la seguridad y el bienestar de la población.
Estos partidos de oposición que también obtuvieron poder, pero por transitar bajo los vicios de corrupción y voracidad por el poder, no entendieron que la sociedad civil no les permitiría esto, pero continuaron en ese rumbo y la factura se cobro otorgando el poder a una promesa y la casi desaparición de esos partidos de oposición.
México requiere encontrar una vía alterna que en verdad camine con el objetivo de servir a la población y devengar un salario digno y bien ganado.
Que ofrezca un gobierno que respete las leyes y no las modifique a su favor, que promueva, donde las leyes sean la base de su actuar y permita una mayor participación de la sociedad civil en el gobierno, pero que imponga las sanciones que eviten que la corrupción e impunidad se expandan aun más.
Hasta ahora no se ha mostrado esta alternativa, pero puede estar presente y de ser así deberá aséese presente y mostrar que su objetivo no es el poder por el poder, sino para servir y llevar a México a los lugares que debe estar en crecimiento económico, desarrollo social, respeto a los derechos de toda la población y por supuesto el mejoramiento de calidad de vida de todos.