Con el argumento de que el retiro voluntario sirve para renovar y modernizar su estructura, el Instituto Nacional Electoral (INE) dispuso este año de 320 millones de pesos para fondear esa modalidad de separación.
El dinero se tomó del fideicomiso del Fondo para atender el pasivo laboral, uno de los dos que tiene el organismo (el otro es relativo a la estructura inmobiliaria y atención ciudadana), cuya desaparición prevé la reforma a leyes secundarias aprobada en el Congreso de la Unión.
Por lo pronto, al último reporte de la Junta General Ejecutiva (JGE) del INE, del 13 de octubre pasado, se habían inscrito al programa 205 trabajadores, entre ellos dos altos funcionarios: René Miranda Jaimes, director ejecutivo del Registro Federal de Electores, con 26 años de antigüedad en el instituto, y Manuel Carrillo Poblano, coordinador de Asuntos Internacionales, responsable del área desde hace 1993.
Ambos, además del “reconocimiento económico e institucional” previsto en los lineamientos del programa de retiro voluntario, recibirán una “compensación por terminación de relación laboral”, por casi tres décadas de antigüedad.
También al cierre del año se irá por esta vía Emilio Buendía, coordinador de asesores del consejero presidente, Lorenzo Córdova, quien llegó al INE hace 11 años, cuando su jefe fue nombrado consejero, mismo que concluye su cargo en abril entrante.
Uno de los requisitos para el retiro voluntario en el INE es tener mínimo 10 años de antigüedad. Aunque el periodo de inscripción a este programa fue del primero de septiembre al 14 de octubre, la JGE aprobó ampliar el plazo al 10 de noviembre. De los 205 inscritos, 137 son de la rama administrativa y 68 del servicio profesional electoral.
En las reglas se indica que la vacancia, producto de estos retiros, es para “allegar al INE de personal en plenitud y capacitado” y “provocar círculos virtuosos para impulsar la modernización y renovación de la estructura”.
En la sesión del consejo general del INE, el miércoles pasado, Miranda y Carrillo recibieron un extenso reconocimiento por parte de los consejeros. Fuentes del organismo dijeron que las solicitudes de retiro fueron entregadas hace cuatro meses y la salida no es producto de los cambios que habrá en el instituto, de confirmarse los cambios a las leyes secundarias en materia electoral.
El reconocimiento público tomó relevancia cuando la reforma plantea compactación de áreas y de juntas distritales, entre otros cambios, a partir de los cuales se busca generar ahorros por 3 mil 600 millones de pesos, de acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa del Ejecutivo.
Córdova dijo que a Carrillo se le debe en buena medida la ubicación del INE “como una de las instituciones de mayor reconocimiento y prestigio internacional”, mientras que de Miranda destacó su inicio en los programas de resultados electorales preliminares y desde hace nueve años como responsable de la actualización del padrón electoral y la expedición de la credencial para votar.
El INE tiene actualmente alrededor de 17 mil 500 trabajadores con plaza; los directivos reciben sueldos cercanos a 200 mil pesos mensuales.