Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutaron una orden de aprehensión contra Rosa “N” (Rosa Pérez Pérez), exalcaldesa del PVEM en el municipio tsotsil de Chenalhó y actual visitadora de Asuntos Indígenas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), por su presunta responsabilidad en el delito de fraude por un monto superior a los 4.5 millones de pesos.
La detención se realizó en las inmediaciones de las instalaciones del organismo estatal en San Cristóbal de Las Casas. De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos habrían ocurrido en 2025, en Chenalhó, donde la imputada presuntamente engañó a una persona identificada como Moisés “N”, mediante una supuesta operación de compraventa de un inmueble.
Fuentes de la Fiscalía de Justicia Indígena señalaron que el caso deriva de un conflicto legal entre particulares. Asimismo, indicaron que la exalcaldesa acumularía al menos siete denuncias previas en la región por presuntas conductas ilícitas similares, entre ellas la supuesta venta ilegal de plazas en dependencias públicas y cobros indebidos a familiares de personas detenidas.
Tras su captura, Pérez Pérez fue puesta a disposición de la autoridad jurisdiccional, que deberá determinar su situación jurídica conforme a los plazos legales y con respeto a la presunción de inocencia.
La detención provocó la reacción de la Red Internacional contra la Doctrina del Descubrimiento, que difundió un pronunciamiento en el que rechazó la aprehensión y denunció una presunta campaña de desinformación y criminalización contra la participación política de las mujeres indígenas en México.
La organización sostuvo que las acusaciones podrían responder a una supuesta “venganza política”, vinculada con antiguas disputas en la región de Los Altos de Chiapas. Por ello, solicitó al Estado mexicano garantizar los derechos políticos y la protección integral de Pérez Pérez, a quien considera un referente en la defensa de la autonomía y los derechos de los pueblos originarios.
El caso de Rosa Pérez Pérez, doctora en Ciencias Políticas, vuelve a colocar en el centro del debate su trayectoria política, los antecedentes de violencia contra las mujeres en el ejercicio del poder y los conflictos sociales registrados durante su administración municipal.
En 2016, después de ser obligada a renunciar a la presidencia municipal de Chenalhó en un contexto de presiones y violencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió el expediente SUP-JDC-1654/2016 y ordenó su restitución en el cargo.
La resolución constituyó un precedente relevante en la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres y en el reconocimiento de la violencia política por razones de género
El conflicto escaló hasta involucrar a integrantes del Congreso estatal. Entre el 25 y el 26 de mayo de 2016, cuando Rosa Pérez Pérez aún era presidenta municipal de Chenalhó, habitantes inconformes con su permanencia en el cargo retuvieron al entonces presidente del Congreso de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y al diputado local Carlos Arturo Penagos Vargas.
Durante la retención, Ramírez Aguilar fue obligado a portar indumentaria tradicional femenina tsotsil, en un episodio que tuvo repercusiones nacionales y evidenció la gravedad de la disputa política en el municipio. En ese momento, Ramírez Aguilar era presidente del Congreso estatal; años después asumiría la gubernatura de Chiapas.
Los inconformes exigían la salida de Pérez Pérez y presionaron para que se nombrara un alcalde sustituto. El 27 de mayo, el Congreso estatal aprobó la licencia de la alcaldesa y Miguel Sántiz Álvarez, quien se desempeñaba como síndico municipal, asumió como sustituto.
Sin embargo, la separación de Pérez Pérez no fue definitiva. El TEPJF ordenó posteriormente su restitución en la presidencia municipal, al determinar que se habían vulnerado sus derechos político-electorales. El caso se convirtió en un referente de la lucha contra la violencia política por razones de género y de las dificultades que enfrentan las mujeres indígenas para ejercer cargos de elección popular.
Su administración, correspondiente al periodo 2015-2018, también estuvo marcada por graves conflictos comunitarios. En mayo de 2016, agresiones armadas en el ejido Puebla provocaron el desplazamiento forzado de cientos de habitantes, además de dejar víctimas mortales.
Personas desplazadas señalaron presuntos vínculos entre los agresores y el entorno del poder municipal de entonces, acusaciones que deben distinguirse de las responsabilidades acreditadas judicialmente.
Al conocer la detención, especialistas e investigadoras en materia de género y derechos humanos, entre ellas Marcela Laguna, plantearon la necesidad de analizar el caso con rigor y sin perder de vista los antecedentes de violencia política que marcaron la trayectoria de la exalcaldesa.
En un texto enviado a medios de comunicación de Chiapas, la activista feminista señaló que “haber sido víctima de violencia política de género no la exime de responder ante investigaciones por posibles delitos del orden común”, pero subrayó que las denuncias tampoco constituyen, por sí mismas, una prueba de culpabilidad.
Laguna exigió que el caso se desarrolle con estricto apego al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de las partes a presentar pruebas.
También consideró fundamental que las autoridades actúen con perspectiva de género e interculturalidad, sin permitir que las disputas políticas o comunitarias sustituyan la investigación objetiva de los hechos.
La detención de Rosa Pérez Pérez abre un nuevo capítulo en la trayectoria de una figura que ha estado en el centro de controversias políticas y sociales en Chiapas: por una parte, la defensa judicial de sus derechos político-electorales frente a la violencia de género y, por otra, los señalamientos penales que ahora deberá esclarecer la justicia.