Aunque el Mundial de futbol de 2026 realizado en Norteamérica se promocionó como la edición más inclusiva de la historia, observaciones internacionales sobre el torneo revelan un profundo contraste, marcando a México como una sede con un despliegue excesivo de fuerzas de seguridad, represión contra manifestaciones sociales, tragedias en festejos masivos y deficiencias en la protección de los trabajadores en los estadios.
Un informe dado a conocer este martes titulado “Ganancias por Encima de las Personas: La Copa del Mundo Varonil de la FIFA 2026”, elaborado por las organizaciones Alianza para el Deporte y los Derechos (SRA) y Aficionados al Futbol en Europa (FSE), e impulsado por Amnistía Internacional, exhibe una brecha entre el espectáculo deportivo y la situación que se vivió fuera de los estadios.
El papel de México como coanfitrión de un torneo sin precedentes con 48 equipos y 104 partidos junto a Estados Unidos y Canadá vino acompañado de una profunda preocupación sobre el despliegue de aproximadamente 100 mil efectivos de seguridad, incluidas fuerzas militares, destinados a las labores de vigilancia.
De acuerdo con el documento de 50 páginas, esta presencia impactó directamente el ejercicio de la libre manifestación cuando en el marco del partido inaugural en el Estadio Ciudad de México el 11 de junio, organizaciones sociales y colectivos que buscan a familiares desaparecidos se movilizaron para visibilizar esta crisis y cuestionar el gasto público destinado a la competencia deportiva.
En respuesta, las fuerzas policiales utilizaron gas lacrimógeno como medida de represión e incluso detuvieron a dos periodistas que cubrían las manifestaciones. Ante estos hechos, expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) subrayaron que los megaeventos deportivos “jamás deben realizarse a expensas del espacio cívico ni de los derechos de las víctimas”.
La FIFA señaló haber trabajado con las autoridades mexicanas para promover prácticas de control de masas respetuosas de las garantías individuales, lo que tampoco se vio reflejado.
“Aunque muchas de estas violaciones se debieron a políticas gubernamentales represivas y abusivas, la FIFA no ejerció su influencia para proteger a la afición y a las comunidades locales, sino que invirtió su capital político en obtener el máximo de ingresos en lugar de defender los derechos humanos”, declaró Frank Conde Tangberg, asesor de política de Amnistía Internacional en el reporte publicado por el organismo.
Asimismo, las deficiencias en la gestión de la seguridad no se limitaron a las protestas. El 30 de junio, tras el triunfo de la selección mexicana sobre Ecuador, más de un millón de personas asistieron a los festejos alrededor del Ángel de la Independencia ante una falta de control efectivo para el manejo de las aglomeraciones y tumultos, lo que derivó en la muerte de cuatro personas, tres de ellas por asfixia y la otra por traumatismo múltiple.
En el terreno laboral, las inspecciones conjuntas realizadas por la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (BWI) y la FIFA pusieron al descubierto brechas sustanciales entre las normas oficiales y la realidad operativa de las obras.
Se identificaron discrepancias significativas entre las políticas de seguridad con fallas graves en los esquemas de subcontratación, con deficiencias en el equipo de protección individual, el bienestar de los trabajadores, comunicación y medidas de protección contra el estrés por calor.
Según la investigación, que concentra la mayor parte de sus señalamientos hacia el gobierno de los Estados Unidos, la cúpula directiva del futbol mundial antepuso la búsqueda de ingresos récord a la imparcialidad, igualdad y los derechos humanos, por lo que prefirió respaldar políticamente a Donald Trump al concederle de forma arbitraria un Premio de la Paz de la FIFA sin ningún proceso transparente de aprobación.
Pero el impacto más severo del torneo se sintió en el ámbito migratorio, ya que de acuerdo con datos de Human Rights Watch citados en el informe, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizó más de 167 mil detenciones en las 11 ciudades sede estadunidenses y sus alrededores durante la fase previa a la Copa del Mundo, alcanzando a casi 10 mil personas arrestadas en tan sólo cinco días a finales de junio.
“La unidad y alegría que vimos en el campo y en las gradas estaban a un mundo de distancia del temor y la división que había más allá de los estadios. Aumentaron las redadas del ICE, se bloquearon protestas y las políticas discriminatorias sobre visados impidieron a muchos aficionados y aficionadas disfrutar de lo que se anunció como la Copa Mundial más inclusiva”, agregó Tangberg.
En lo que respecta a Canadá, el documento apunta a las autoridades locales como las responsables de llevar a cabo operativos de despojo de personas sin hogar en las ciudades sede, con el propósito de “limpiar” las calles, además de un incremento desproporcionado de rechazo a las solicitudes de visado de personas procedentes del llamado Sur Global.