Durante el foro “Reformas y retos del sistema integral de justicia penal para adolescentes”, especialistas y legisladores señalaron los desafíos de México en prevención de la violencia, combate a la impunidad, atención a víctimas, reinserción y protección a niñas, niños y adolescentes.
La diputada Ana Erika Santana González (PVEM), convocante del encuentro, destacó que uno de los principales problemas es la impunidad.
Señaló que, de acuerdo con México Evalúa, el país registra 89.4 por ciento de impunidad, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta 93.4 por ciento.
“Ante estos porcentajes tan alarmantes podemos decir que realmente no hay una impartición de justicia verdadera en México”, afirmó.
La legisladora advirtió sobre la falta de programas articulados de prevención del consumo de drogas y señaló que los recursos destinados a estos planes disminuyeron desde 2015 hasta desaparecer.
A ello se agrega el impacto de la llamada narcocultura y la necesidad de ofrecer alternativas a las juventudes.
“El gran recurso económico que el crimen organizado invierte para promoverse con la narcocultura, con ‘influencers’ y música, y con su propia imagen de que el dinero fácil y ese estilo de vida es la forma de poder ir a algún lugar, se convierte en un patrón deseable para los jóvenes que no tienen puertas abiertas ni instrumentos que el Estado les pueda proporcionar”.
Santana González sostuvo que otro reto es atender las causas de la violencia, desde la prevención, y generar herramientas para modificar patrones de conducta.
“No hemos cambiado porque no ha habido una cultura de paz, herramientas para generar comunicación asertiva y salir de este patrón de conducta en el que estamos hoy sumidos”.
Santana González planteó que la responsabilidad del Estado no debe comenzar únicamente cuando ocurre un delito, sino desde la prevención y protección de las personas adolescentes.
Anotó que las víctimas tienen derecho a una investigación eficaz, acceso a la justicia y reparación integral del daño. “La violencia cometida por adolescentes produce daños que el Estado no puede minimizar”.
Destacó la necesidad de fortalecer las instituciones de justicia para adolescentes, particularmente en materia de educación, tratamiento, rehabilitación y reinserción.
“Debe haber continuidad educativa, tratamiento cuando sea necesario y acompañamiento al término de la medida”.
La diputada mencionó que otro de los retos abordados fue la impunidad y su impacto en la eficacia de las sanciones. Durante la exposición se retomó una enseñanza de derecho penal. “La certeza de una sanción moderada tiene mayor fuerza que la amenaza de una más severa acompañada de la esperanza de eludirla”.
Planteó la necesidad de mejorar la investigación de los delitos, la procuración de justicia, el cumplimiento efectivo de las resoluciones y las medidas de protección.
Con relación a las propuestas de reforma al sistema de justicia para adolescentes, Santana González puntualizó que cualquier modificación deberá analizarse a la luz de la Constitución Política, la Convención sobre los Derechos del Niño, los estándares interamericanos de derechos humanos, el principio de progresividad, la gravedad del hecho y la edad de quien lo cometió.
Entre los temas que requieren mayor análisis, Santana González destacó también el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por estructuras criminales.
Al respecto, se planteó la necesidad de sancionar a quienes captan a menores para incorporarlos a actividades delictivas.
“Yo consideraba muy importante sancionar a quienes captan a nuestros niños porque no existía esta sanción hoy en nuestros códigos; sin embargo, son quienes están echando a perder a nuestra juventud”.
Otro desafío, expuso, fue encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y los derechos de las víctimas del delito, sin perder de vista el principio del interés superior de la niñez.
“Lo más significativo es que, como sociedad, debemos romper el ciclo vicioso sin eximir de responsabilidad a las niñas, niños y adolescentes o a sus padres o tutores y sin omitir la reparación del daño”.
Finalmente, se resaltó que las propuestas presentadas durante el foro deberán ser analizadas por las comisiones legislativas correspondientes, a fin de fortalecerlas y determinar su viabilidad jurídica.
“Como legisladores debemos responder por la ley que aprobamos, pero también por las condiciones que permitan aplicarla: prevenir la violencia, reducir la impunidad y garantizar justicia a las víctimas y hacer posible la reinserción son deberes que se sostienen mutuamente”.
En su oportunidad, Miguel Ontiveros Alonso, representante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, señaló que la discusión sobre justicia para adolescentes debe partir de la protección de niñas, niños y adolescentes y cuestionó que se pretenda responder al problema de la criminalidad mediante una mayor penalización.
“Nosotros tenemos una postura, digamos, muy vinculada a la protección de los derechos humanos y a la no criminalización, a la no punición de las niñas y niños como respuesta a lo que efectivamente, como dice nuestra colega de Baja California, el alto índice de criminalidad”.
Planteó elevar de 12 a 14 años la edad para acceder al sistema de justicia para adolescentes y de 16 años la posibilidad de internamiento. “No podemos llevar a un niño de 12 años a un sistema violento como el que tenemos y después meterlo a un centro de privación de la libertad, hay que atenderlo, hay que apoyarlo, pero hacerlo penalmente responsable. Nosotros estamos bajando la edad penal, hay que subirla, porque nuestro sistema es violento”.
El especialista llamó a atender el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos criminales. “Muchos de los niños y niñas que llegan al Sistema de Justicia para Adolescentes son víctimas, son víctimas de quién, del crimen organizado y del crimen desorganizado”.
Por ello, propuso que la reforma contemple este fenómeno. “Yo le quiero proponer a la muy distinguida diputada Ana Erika Santana González (…) que, en el marco de la reforma que se plantea a la Ley de Justicia para Adolescentes, se pudiese también abordar solamente este rubro del reclutamiento”.
Se pronunció además en contra del aumento de penas como principal estrategia para combatir el delito y pidió poner el foco en las instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia.
“Pongamos el foco en las policías, en las fiscalías, en los agentes del Ministerio Público (MP) que extorsionan, en los policías que piden dinero y en algunos gobernadores que se corrompen formando parte del crimen organizado”.
En tanto, Alicia Bestriz Azzolini Bincaz, representante de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, destacó que la justicia para adolescentes debe reconocer a las personas menores de edad como sujetos de derechos y consideró necesario revisar la edad mínima para incorporarse al sistema.
“La adolescencia es una etapa del desarrollo humano que tiene determinadas características, que ha sido realmente analizado, estudiado y recientemente incluso las neurociencias”.
Señaló que los estudios sobre el desarrollo cerebral han aportado nuevos elementos para comprender esta etapa y recordó que el Comité de los Derechos del Niño modificó su postura respecto de la edad mínima para el sistema de justicia juvenil.
“Habíamos propuesto 12 años para el sistema de justicia como mínima, como edad mínima, no, estamos proponiendo como mínimo 14, es más, si se pudiera 16, el comité lo favorecería”.
Por ello, consideró que el límite establecido actualmente en México debe revisarse: “Ya hay evidencias de que los 12 años es muy temprano para incorporar a una persona a un sistema de justicia juvenil”.
También advirtió sobre los efectos de incrementar las medidas privativas de la libertad. “La privación de la libertad implica sacar a la persona de su ámbito, de su espacio (…) y después tiene que volver a vivir en sociedad. Y entonces esa reinserción no es fácil.
“Si no es fácil una reinserción con una sanción máxima de cinco años, imagínense un adolescente privado de la libertad 10 años, no se va a volver a reinsertar en la sociedad positivamente”.
Finalmente, señaló que uno de los principales pendientes es atender el reclutamiento de adolescentes y fortalecer la reinserción.
“La problemática del reclutamiento, que se viene tratando incluso por órganos institucionales desde 2021 y todavía no hemos tenido una respuesta clara frente a eso, esa es realmente algo que nos preocupa.
“Estamos preocupados porque lo que sí sentimos, entre las cosas que son perfectibles, es el tema de la reinserción”.
Por su parte, Corina Giacomello, profesora-investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, sostuvo que la discusión sobre las reformas al sistema de justicia para adolescentes debe considerar el marco internacional de protección de los derechos humanos.
“México no puede ni debe apartarse del marco internacional de protección de los derechos humanos e interamericanos del cual forma parte”.
Refirió que el principio de progresividad debe orientar cualquier modificación legislativa. “El sistema tiene que ser de progresividad, no de regresividad de los derechos, y México tiene que asegurarse de cumplir con ese principio”.
Entre las alternativas que consideró compatibles con ese marco, mencionó “elevar la edad mínima de responsabilidad penal, elevar la edad mínima de encarcelamiento, ampliar el sistema de justicia penal hasta los 21 años o hasta los 25, como es el caso de Italia, asegurar procesos restaurativos y de reinserción efectivos”.
Citó la preocupación de quienes enfrentan directamente la inseguridad y la violencia, pero cuestionó que el aumento de las penas sea una respuesta eficaz.
“Las chicas y los chicos son cada día más violentos. La pregunta es válida, la respuesta no está en elevar las penas, porque conocemos cómo funciona el sistema de privación de la libertad”.
Llamó la atención sobre las consecuencias de las medidas privativas de libertad para los adolescentes. “Sabemos que la pena privativa de la libertad es una pena aflictiva que separa a las personas de su entorno”.
Explicó que sus planteamientos parten de su experiencia directa con personas privadas de la libertad. “Yo llevo 20 años entrevistando a mujeres privadas de la libertad, a chicas y chicos en anexos, en centros de tratamiento de drogas, que son lugares de privación de la libertad arbitraria y legal, y en los últimos seis años trabajando con adolescentes privados de la libertad”.