Comisión de Hacienda y Crédito Público recibió a representantes del sector social y privado para analizar el Paquete Económico 2027

En el marco del análisis de Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2027, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que preside el diputado Carol Antonio Altamirano (Morena), se reunió con representantes de los sectores social y privado para conocer sus inquietudes, planteamientos y propuestas respecto al Paquete Económico en materia de ingresos para el ejercicio fiscal 2027.

Al dar la bienvenida, el legislador destacó que esta reunión es resultado de los acuerdos alcanzados por consenso entre todos los grupos parlamentarios, con el propósito de fortalecer la comunicación entre el Poder Legislativo y los sectores productivos del país.

Subrayó la importancia de escuchar las inquietudes de las organizaciones participantes en esta etapa del análisis del Paquete Económico, dada la repercusión que las disposiciones fiscales pueden tener en las empresas, las actividades económicas, la generación de empleos y el desarrollo de las comunidades.

Solicitó a las y los participantes en este encuentro presentar planteamientos concretos relacionados con las iniciativas que serán dictaminadas: la Ley Federal de Derechos, la Ley del Impuesto Sobre la Renta y la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027; sus argumentos y propuestas alternativas que contribuyan al análisis legislativo.

Aseguró que las aportaciones recibidas serán valoradas por los grupos parlamentarios, y que podrán retomarlas durante el proceso de dictaminación, así como en el análisis y discusión de los dictámenes ante el Pleno de la Cámara de Diputados.

Agregó que este es un ejercicio de apertura, respeto y responsabilidad institucional, orientado a incorporar las perspectivas de los sectores social y privado en la discusión de las propuestas fiscales para 2027.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Leticia Farfán Vázquez (Morena) dio lectura al acuerdo por el que esta instancia estableció el formato de las reuniones de trabajo con representantes de los sectores social y privado para recabar información, opiniones y propuestas que contribuyan al análisis del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2027.

La diputada Patricia Flores Elizondo, de MC, consideró que las preocupaciones y propuestas expuestas deben traducirse en modificaciones a los dictámenes fiscales. Advirtió que las consultas no deben limitarse a un trámite, sino incorporar las observaciones de quienes conocen los efectos de las reformas en la actividad económica, el empleo, la inversión y la competitividad.

Por el PRI, el diputado Emilio Lara Calderón se comprometió a incorporar sus planteamientos mediante reservas al dictamen fiscal. Señaló necesario evaluar integralmente los efectos de las medidas propuestas para el próximo año, particularmente en las micro, pequeñas y medianas empresas, el turismo, el transporte ferroviario de carga y la inversión, a fin de evitar afectaciones a la competitividad y al crecimiento económico

A su vez, el diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) afirmó que la política tributaria debe avanzar hacia un sistema más equitativo, con reglas que fortalezcan las finanzas públicas y brinden certeza jurídica, sin descuidar sus efectos en la inversión y el empleo. Expresó la disposición de su bancada para analizar las propuestas y destacó la importancia de mantener el diálogo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante la discusión del Paquete Económico 2027.

Del PVEM, la diputada Cindy Winkler Trujillo, quien agradeció la presencia de las y los ponentes a fin de escuchar las necesidades y problemáticas que hay en el país, aseguró que su grupo parlamentario está encaminado a fomentar las iniciativas que ayuden a fortalecer a todos los sectores. “No es una charla que aquí se queda, todo esto se transmite y se documenta”. 

El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) señaló que si se quiere que nuestro país tenga productividad y crecimiento económico no se puede tener políticas de restricción que lastiman las finanzas de las organizaciones. Advirtió que no se debe abrir la puerta para que el IEPS se convierta en una lucha entre industrias, sino que debe evitar los consumos nocivos para la sociedad.

Por Morena, la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo dijo que, más allá del tema de la recaudación, el debilitar al productor rompe a una comunidad. Subrayó que una cooperativa no se trata de una figura fiscal, sino de un tejido social.

La diputada del PAN, Verónica Pérez Herrera, subrayó que detrás de cada empresa hay personas, trabajadores, familias, inversiones y decisiones que requieren tomarse con certeza; por ello, la importancia de escuchar las propuestas y que este diálogo se traduzca en cosas positivas para el sector.

De Morena, la diputada Rocío Adriana Abreu Artiñano, informó que continuarán las consultas con la Secretaría de Hacienda sobre las propuestas de los sectores productivos y destacó las gestiones para atender los adeudos de Pemex a proveedores, así como la necesidad de considerar los altos costos de vida en territorios insulares como Ciudad del Carmen, Campeche.

También de Morena, el diputado Carlos Ventura Palacios Rodríguez comentó que las y los ponentes han planteado propuestas y preocupaciones sobre temas de este sector y le corresponde a la Comisión analizar su viabilidad jurídica, sus efectos económicos y su impacto en las finanzas públicas. 

Representantes de los sectores social y privado

En representación de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, Gabriel Andrade, señaló que el capítulo 10 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para combatir las empresas factureras y el uso de facturas falsas constituye una afectación importante para empresas con margen bajo de operación. Solicitó revisar la disposición porque provocará una descapitalización de empresas formales. 

Enseguida, Valeria Rindertsma y Offner Israel Arjona, de Mujeres Empresarias Rivera Maya, solicitaron reducir el Derecho de No Residente para visitantes internacionales, pues se ha incrementado 55 por ciento en dos años. Indicaron que existe una merma en el turismo de extranjeros que arriba a esa región, lo que se traduce en pérdida de empleos, crecimiento y competitividad frente a otros países

Octavio Ávila, especialista tributario, expresó que es necesario integrar a las islas de México al decreto de las zonas fronterizas, y establecer un marco fiscal propio para esos territorios, y que su carga tributaria sea igual a la de las zonas limítrofes del norte del país.

Fernanda Padilla, del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, expresó que limitar las deducciones a 96 por ciento de los ingresos acumulados, impactará a empresas exportadoras, afectará la rentabilidad de toda la operación mexicana, destruirá la viabilidad del modelo financiero y las inversiones se trasladarán a países con mejores esquemas fiscales.

De la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial, Reginaldo Esquer Félix dijo que se deben crear políticas públicas que inviten a la formalidad laboral, pues 55 por ciento de la población económicamente activa no paga impuestos, no tiene servicios ni prestaciones laborales.

De la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Odracir Barquera, manifestó que limitar las deducciones fiscales traerá consecuencias muy importantes para las actividades económicas formales. Planteó exceptuar el artículo 78 E de la Ley del ISR, operaciones de depósito fiscal automotriz para dar certidumbre a inversiones en este sector.

De Mercado Libre, Alheira Orozco Reyes, indicó que la política fiscal implementada ha generado una retención excesiva que supera lo que se debe pagar por IVA, por lo que planteó reducir las tasas de retención del IVA del 8 a 4 por ciento. 
 
El presidente de la Asociación Mexicana de Galletas y Pastas, A.C., Iker Amílcar Jiménez Martínez, indicó que las propuestas de la Ley del ISR pueden generar importantes presiones de liquidez a las empresas. La política fiscal debe cuidar que la mayor recaudación en el corto plazo no reduzca los recursos para reinversión, ampliación de capacidad instalada, innovación y modernización tecnológica. 

Por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas, A.C., Luis González Esquivel, refirió que las empresas de este giro están bajo una política de precios máximos que impacta su margen comercial, por lo que planteó que queden exceptuadas de este régimen propuesto por la adición del capítulo 10 de la Ley del ISR. 

Enseguida, Erik Gascón Muñiz, de la Industria Nacional de Autopartes, señaló que las limitaciones fiscales suponen un retroceso en el atractivo del país en este sector, por lo que pidió realizar una mesa técnica con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria, para diseñar adecuaciones que permitan fortalecer el cumplimiento y preservar la inversión. 

Del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Jonathan Hernández Reséndiz, mencionó que actualizar el IEPS a bebidas alcohólicas a 494 centavos por mililitro de alcohol puro generaría 24 mil millones de pesos adicionales. También planteó incorporar al análisis los recursos que no se recaudan por tratamientos preferenciales, que podrían representar 4.4 por ciento del PIB.

En representación de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Carlos Orozco Felgueres Loya, planteó analizar si el límite de deducciones impedirá generación de pérdidas fiscales, si los montos no deducibles podrán utilizarse en ejercicios posteriores, revisar las reglas para determinar ingresos fiscales preferentes, y confirmar si las modificaciones regularán la procedencia de la deducción.

De la Unión Cervecera Independiente, Héctor Vielma Ordóñez expresó que este sector, compuesto por micros y pequeñas empresas, pagan las mismas tasas de impuestos que los grandes consorcios, por eso propuso pagar un IEPS escalonado por tramos de producción igual que la tabla de ISR y que aplique por igual.

Bernardo Ramírez, de la Cámara Americana de Comercio, afirmó que con las reformas propuestas México se convierte en uno de los países más caros en cuanto a su impacto fiscal con el financiamiento de deuda. Propuso no reducir el umbral de limitación de intereses del 30 al 20 por ciento, ya que generaría pérdida de competitividad de México como destino de inversión.

Francelia Mota Blancas, de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Tulum, pidió reconsiderar el aumento del Derecho de No Residentes (DNR) y realizar un análisis diferencial del mismo por región, así como implementar criterios aduanales homologados, para recuperar la competitividad turística perdida debido al incremento de costos para turistas extranjeros, las cargas para las empresas y falta de certeza en procesos de ingresos al país en materia aduanera. 

Del Instituto de Contadores Públicos, Ludivina Leija propuso modificar el artículo 25, fracción 18 para establecer que las personas físicas del Régimen Simplificado de Confianza (Resico) queden relevados de cumplir con la contabilidad. Además, de la eliminación o equiparación de la retención del IVA cuando sea pagado por una persona moral.  

Martín Aguayo Solano, del Instituto de Contadores Públicos, sugirió revisar dentro de los contribuyentes exentos a aquellos que se dictaminan para efectos fiscales. También, aquellos que están obligados a dictaminarse y que optan por dictaminarse.

Luis Curiel Piña, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa A.C., dijo que si se va a poner una limitación a las reducciones esta misma debe ser proporcional a todos los contribuyentes. “La reforma lo que propone es limitar las deducciones y limitar las pérdidas que tuvieron aquellos contribuyentes que invirtieron su capital para crear más empleos”.   

De la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Daniella Martínez Rodríguez, solicitó que el Presupuesto de Egresos contemple recursos específicos para apoyos temporales a nuevas contrataciones formales, capacitación, asistencia técnica, acceso a financiamiento prioritariamente para negocios con menos de 50 empleos con criterio por sector y por región. 

Ricardo Cervantes Vargas, del Consejo de Empresas Globales, indicó que México se convertiría en el país que más difícil tiene la regla de deducción de intereses, al llevarla al 20 en lugar del 30 como la aplica prácticamente la mayoría de nuestros socios. Sugirió poder reevaluar la posibilidad de que en lugar de que fuera al 30 viniera una disminución gradual al 25, para el ejercicio de 2027. 

Claudia Ramírez del Palacio, de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, explicó que la industria restaurantera hoy en México representa 722 mil establecimientos de alimentos y bebidas de los cuales el 96 por ciento son micro y pequeñas empresas; representamos e impactamos en 2.5 millones de empleos directos y más de 3.5 millones de empleos indirectos. 

Paulina Téllez Martínez, directora general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, mencionó que el ferrocarril de carga es una industria que reinvierte el 100 por ciento de su utilidad neta, envía equipo y terminales. Agregó que México necesita una política ferroviaria que incentive la inversión, preserve la competitividad y permita que el ferrocarril siga ampliando su contribución al crecimiento nacional. 

Sergio Abraham González Olavarría, de la Cámara Nacional de Aerotransporte, manifestó que en la última publicación sobre las tasas efectivas de pago del ISR de las aerolíneas, incrementaron las tasas pasando del 4 al 5.3 por ciento, esto se traduce en un sobrepago de la tasa de ISR. “Ya tenemos mecanismos claros para la recuperación porque en marzo de 2028 las oficinas del SAT se van a inundar de solicitudes de saldo a favor”. 

Salvador García Santos Rivero, del Consejo Coordinador Empresarial de Tulum, pidió que no se apruebe el incremento al Derecho de No Residente previsto en el Paquete Económico 2027. Sugerimos que esa tarifa se mantenga como está. “El visitante extranjero deja 7 de cada 10 dólares en playas; por lo tanto, una vez aquí paga hospedaje, consumo, transporte y servicios y ya con eso se genera IVA, ISR y el impuesto al hospedaje”.      

De la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, Alejandro Osorio Carranza, planteó ampliar la excepción prevista en el artículo 78, para que también se incluyan las operaciones productivas de empresas automotrices que operan bajo el depósito fiscal automotriz, conforme al artículo 121, fracción cuarta, de la Ley Aduanera. 

Héctor Díaz, de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, comentó que el estímulo de uso de autopistas permite que todas las empresas formales puedan utilizar de manera adecuada todo el impulso logístico que genera el país. “El problema que tenemos es que en vez de actualizar la base que teníamos pendiente resulta que la disminuyen; se deben atender estos temas”. 

Guillermo Rosales Zárate, de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, refirió que es necesario que exista una revisión a fondo en esta Comisión y a la iniciativa planteada. Asimismo, solicitó que la distribución de vehículos sea incluida en las excepciones y que lo que corresponde al financiamiento de los inventarios e inversión sea considerada como una excepción.

Andrea Rodríguez Jiménez, productora de guayaba en el estado de Michoacán, propuso que se establezca un estímulo fiscal en la Ley de Ingresos y que no se les compare con un refresco; también, que se sepa diferenciar cuando la industria del jugo tiene una mayoría de fruta mexicana. 

César Ángeles, productor de naranja en Veracruz, solicitó a la Comisión que se analice este incentivo para que los productores recuperen los ingresos que han dejado de percibir. “Proteger la fruta mexicana es proteger el empleo, la actividad económica y un campo que ha sido olvidado”. 

Vidal Vladimir Ochoa de La Paz, de Salud Justa Mx, externó que acompañan la propuesta de pasar de 1.38 pesos por litro de alcohol puro a 4.49 pesos por litro, a fin de no incentivar la baja de precios de licores y destilados y de tal manera no promover el consumo.

La representante de Kids in Need of Defense, Elba Coria Márquez, planteó reducir los costos de documentación migratoria y residencias temporales y que el aumento sea solo cercano al ocho por ciento de inflación, así como mecanismos de exención para personas que acrediten incapacidad económica.

La representante del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, Melissa Vértiz Hernández, propuso reasignar los recursos destinados a la defensa nacional para fortalecer a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Por su parte, José Luis Carrillo Galaz, representante de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas, planteó modificar el párrafo noveno del artículo 13-E de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de establecer un monto de 35 UMA. Señaló que esta medida permitiría otorgar un trato fiscal más favorable al sector pesquero y generar incentivos para fortalecer su competitividad.

El ciudadano independiente, Jorge Arturo Morton Treviño, pidió adicionar al artículo 150D de la Ley Federal de Derechos el derecho de seguridad operacional aeronáutica, estableciendo un costo de una UMA para pasajeros nacionales y dos UMAS para internacionales.

Jaciel Brazo López, responsable de Incidencias Legislativas y Gubernamentales de Cooperativa Cruz Azul, planteó modificar la Ley Federal de Derechos para establecer una excepción del 100 por ciento para cooperativas en trámites esenciales de producción, como los certificados fitosanitarios, permisos de agua, trámites sanitarios y acceso a zonas arqueológicas.

Lázaro Arias Martínez, representante de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar, expresó la necesidad de destinar recursos a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para facilitar la obtención de títulos relacionados con las presas, ampliar los subsidios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y promover la diversificación de la producción de caña de azúcar.

En tanto, Miguel Ángel Barranco, presidente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, consideró necesario revisar el tratamiento fiscal del sector primario, particularmente los límites de extensión y los criterios para determinar el impuesto.

José Eraclio Delucas González, de Moderniza IEPS, dijo que se requiere modernizar este impuesto, no actualizarlo, pues es un modelo que lleva 40 años sin moverse, provocando un piso disparejo y favoreciendo a dos grandes cerveceras multinacionales que concentran el 94 por ciento del mercado de bebidas alcohólicas.