Combatir a las empresas factureras debe ser “uno de los puntos centrales” del Paquete Económico 2027, pues representa una de las principales vías para cerrar “el enorme boquete de evasión fiscal” y proteger las finanzas públicas, según el vicecoordinador de la bancada de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar.
Esa acción, dijo, servirá también para “evitar el traslado de miles de millones de pesos al financiamiento de campañas electorales y golpear la red de complicidades que captura instituciones y saquea las finanzas nacionales”.
En un comunicado, el expresidente nacional interino de Morena, explicó que impulsa una iniciativa de ley para combatir las factureras con el fin de actuar desde el origen de estas estructuras y no solo después de que ya se haya producido el daño fiscal o patrimonial.
La propuesta plantea cerrar los espacios que permiten simular operaciones, evadir impuestos y, en determinados casos, desviar recursos públicos.
Según Ramírez Cuéllar, las factureras no operan de manera aislada, sino como parte de una “red criminal que ha construido esquemas complejos de simulación y dispersión de recursos, en los que participan prestanombres, facilitadores, notarios, liderazgos sindicales, funcionarios estatales y municipales, así como entidades que no son contribuyentes del ISR”.
En poco tiempo, añadió, se puede constituir una sociedad mediante prestanombres, obtener Registro Federal de Contribuyentes (RFC), e.firma y sellos digitales; así como abrir cuentas bancarias y comenzar a facturar de manera masiva.
Después de algunos meses, abandona su domicilio y queda como no localizada; y mientras los recursos ya fueron dispersados, otra empresa de la misma red continúa con la operación y repite el ciclo.
El legislador alertó que el problema se vuelve más grave cuando estas estructuras se usan para desviar recursos públicos, pues éstos pueden pasar de un gobierno o particular a una primera empresa facturera, luego, ser transferidos entre distintas empresas con operaciones sucesivas, hasta llegar a los beneficiarios finales. Así, se oculta el origen y destino del dinero, al darle apariencia de una operación legítima.
“El daño es inmenso. Puede representar miles de millones de pesos anuales para la hacienda pública. Estamos frente a un vehículo financiero para lavar dinero y frente a una forma de enriquecimiento abusivo y grotesco a costa del erario”, afirmó.
De acuerdo con la iniciativa del político zacatecano, se busca fortalecer los controles sobre estados, municipios, sindicatos y organismos públicos “para evitar la simulación de operaciones y la dispersión de recursos”.
También se establece que, quienes hagan operaciones con facturas falsas o simuladas “deberán pagar ISR sobre el monto de dichas operaciones y contempla responsabilidades para funcionarios y dirigentes sindicales involucrados”.
Además, propone que se actúe desde la creación de las empresas; es decir, que al momento de inscribir una persona moral en el RFC, los socios o accionistas “deberán acreditar su capacidad económica y la procedencia del capital, mientras que las aportaciones deberán realizarse mediante medios electrónicos que permitan su trazabilidad”.
Ramírez Cuéllar cerró: “Necesitamos pasar de una fiscalización exclusivamente reactiva a una estrategia preventiva, con trazabilidad, controles y responsabilidades claras”.