El diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación, a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a fortalecer las acciones de prevención y protección urgente destinadas a comunicadores en situación de riesgo. Esto mediante evaluaciones oportunas, seguimiento permanente y la actualización de medidas conforme a las condiciones de cada caso.
El legislador del PRI fundamenta que de acuerdo con reportes de ARTICLE 19, desde el año 2000 se han documentado 181 asesinatos de periodistas en posible relación con su labor. De esta cifra, 47 corresponden al periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y 14 al gobierno de Claudia Sheinbaum, con información actualizada al 22 de julio de 2026.
Por ello, Moreira Valdez también solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que en coordinación con autoridades estatales, refuerce la seguridad de quienes enfrentan amenazas o agresiones por ejercer su labor, con especial atención en regiones con altos índices de riesgo para la libertad de expresión.
En el mismo documento, el coordinador parlamentario pidió a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y a las fiscalías locales optimizar las investigaciones sobre homicidios, desapariciones y amenazas contra periodistas, agotando siempre la línea de investigación vinculada a su labor profesional y aplicando los protocolos correspondientes.
La seguridad del gremio periodístico, subrayó, debe atenderse de manera preventiva, coordinada y permanente para garantizar su integridad, la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a la información.
El exgobernador de Coahuila recalcó la urgencia de estrechar la colaboración entre el Mecanismo federal y los sistemas estatales de protección: «Las autoridades locales suelen ser las primeras en conocer las amenazas en sus territorios, por lo que deben contar con protocolos claros para recibir denuncias, evaluar riesgos y mantener comunicación constante con las personas beneficiarias».
Finalmente, Rubén Moreira puntualizó que la violencia no se frena únicamente con esquemas de protección para las víctimas, sino con investigaciones diligentes y efectivas. «Los datos disponibles muestran que se requiere una política integral y permanente de prevención, protección y procuración de justicia», concluyó.