La Fiscalía General de la República (FGR) recalcó hoy que el exgobernador de Baja California por el PAN, Ernesto Ruffo Appel, salió de la cárcel porque su defensa señaló que es un adulto mayor con problemas de salud, pero refrendó que el cambio de su situación –de prisión preventiva oficiosa a prisión domiciliaria– “no implica que su proceso penal se detenga o presente cambios”.
En un comunicado difundido hoy, la dependencia encabezada por Ernestina Godoy Ramos recordó que la investigación por el caso de huachicol fiscal que la llevó a arrestar y encarcelar a Ruffo cuenta con “datos de prueba contundentes” que establecieron que la empresa Ingemar, de la que el exgobernador es accionista, “presentó un comportamiento incongruente con su perfil fiscal, al registrar movimientos millonarios en cuentas nacionales”.
La FGR recalcó que los trabajos ministeriales identificaron una red de contrabando de combustible que “utilizaba ferrotanques para desarrollar sus operaciones, a través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, de la cual el imputado Ernesto ‘N’ es uno de los principales socios”.
El viernes pasado, a petición de los abogados de Ruffo, una jueza federal ordenó el traslado de Ruffo de la cárcel de Almoloya de Juárez –donde se encontraba recluido desde el 16 de julio– hacia su casa en Ensenada para que continúe su proceso penal en prisión domiciliaria.
En su boletín de hoy, la FGR se deslindó de la responsabilidad de haber enviado a Ruffo a la cárcel, pues recalcó que los delitos que se le imputan, de delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, ameritan prisión preventiva. “Su aplicación no es a criterio del Ministerio Público de la Federación”, subrayó la institución.