El diputado federal Christian Castro Bello presentó iniciativa de reforma al párrafo noveno del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer de manera expresa el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano y reconocer la responsabilidad patrimonial del Estado por daños ocasionados a particulares derivados de fallas en el suministro.
El campechano sostuvo que es indispensable establecer constitucionalmente estándares de cobertura, asequibilidad y calidad para el servicio que presta el Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Que el Estado garantice un servicio de calidad y si falla, que pague los daños, rápido y sin tantas vueltas. Porque el PRI defiende a Campeche y defiende a México. La luz no es un privilegio, es un derecho y vamos a hacer que se cumpla”, subrayó.
De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) reconocen la importancia de contar con servicios esenciales para garantizar un nivel de vida adecuado, incluyendo la electricidad.
Sin embargo, en la Constitución federal no está reconocido de manera expresa el derecho humano a la energía eléctrica.
Por ello, apuntó el vicecoordinador del GPPRI, “planteamos avanzar hacia un marco constitucional que obligue al Estado mexicano a garantizar cobertura, asequibilidad y calidad en el servicio eléctrico. La electricidad no es un lujo: es un servicio indispensable para la vida, la salud y el bienestar de las familias mexicanas”.
La propuesta entregada a la Cámara de Diputados plantea que los daños provocados por afectaciones al servicio eléctrico constituyan responsabilidad patrimonial del Estado Mexicano, con la obligación de que sean atendidos y compensados de manera inmediata y efectiva por el ente público correspondiente, sin dilaciones administrativas.
“Esto no versa en un populismo legislativo, sino en la responsabilidad directa que tiene el Estado, por conducto de la CFE, de compensar a los particulares por los daños”, sostuvo.
El legislador remarcó que su iniciativa pretende convertir en una obligación constitucional la respuesta del Estado frente a las consecuencias de un servicio deficiente, al considerar que millones de familias pueden resultar afectadas económicamente cuando las interrupciones o variaciones en el suministro dañan sus bienes.
De aprobarse la reforma, el artículo 28 establecería que el acceso a la energía eléctrica es un derecho humano para quienes habitan el territorio nacional y que el Estado debe garantizar la cobertura, asequibilidad y calidad del servicio, además de asumir responsabilidad patrimonial por los daños derivados de sus afectaciones.
“Estamos claros, sin electricidad no hay nada…no hay luz, no hay refrigerador, no hay alimentos, no hay educación, no hay salud, no hay trabajo y no hay negocio que camine. La electricidad debería ser un derecho, igual que lo es la salud, la vivienda digna o la educación. Pero en México todavía no lo es. Y en Campeche, como en muchos estados del país, lo sabemos bien, los apagones y las bajadas de volumen. ¡Ya nos tienen hartos!”, señaló.