Senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI) presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Proteger, Investigar, Sancionar y Reparar Integralmente el Delito de Feminicidio.
Los legisladores priistas precisan que se trata de una iniciativa a favor de las mujeres, de las familias que buscan verdad y justicia y de las instituciones que requieren reglas claras para actuar.
La iniciativa del PRI organizará la respuesta estatal en ocho títulos y una secuencia verificable: definirá los derechos y principios, uniformará el delito, construirá la política y su financiamiento; regulará la prevención, detección y protección; fijará estándares de investigación; garantizará atención y reparación, creará información y evaluación, y establecerá responsabilidades.
Además, no sumará disposiciones por acumulación, sino que cerrará el circuito que va de la primera señal de riesgo a las garantías de no repetición.
El Grupo Parlamentario del PRI señala que esta propuesta tiene como objetivo complementar y elevar el estándar de la iniciativa previamente enviada por el Ejecutivo Federal, la cual, aunque contiene avances en la tipificación penal y unidades especializadas, carece de elementos de ejecución y salvaguardas operativas que la propuesta priista sí incorporará.
A diferencia del proyecto del Ejecutivo, añaden, la propuesta priista prohibirá la neutralidad presupuestaria para garantizar recursos en el Anexo Transversal, creará un Modelo Nacional de Riesgo Letal con órdenes de protección autónomas, establecerá un Sistema Nacional de Información con Identificador Único de Caso para evitar el extravío burocrático de expedientes, asegurará planes de restitución integral de derechos para la niñez en orfandad y tipificará las faltas graves por omisión o negligencia de las autoridades.
Con esta propuesta, las senadoras y senadores del PRI reafirman su compromiso de fortalecer al Estado mexicano y transformar una respuesta predominantemente penal en una verdadera política pública integral enfocada en proteger la vida y la integridad de las mujeres en todo el país.
